La reforma estructural cuyos reales o supuestos beneficios han comenzado a integrarse a la difusión mediante las campañas políticas, especialmente del PRI, está sujeta a la fractura de prácticas dominantes alejadas de la transparencia.
La principal práctica a la que me refiero es la de compensar los apoyos entregados durante una elección a un grupo político o candidato con la invitación a participar en una licitación arreglada, una adjudicación o una asignación directa.
Con licitación arreglada me refiero a la que resulta de competidores que acuerdan entre sí, como un instrumento de coexistencia y de mantenimiento de altos índices de rentabilidad, para simular competencia y ganar y perder alternativamente. Buscan la apariencia de competir pero la práctica anula la competencia la cual debería ser una subasta en la que el gobierno, principal contratador acude en situación privilegiada.
Al pagar costos políticos algunas autoridades, especialmente en obras federales, los decisores dentro de algunos segmentos del gobierno tienden a anular la ventaja que les corresponde e incluso pagan sobreprecios que depredan al erario.
Al mismo tiempo son beneficiarios de información privilegiada que les permite conocer los límites tope del costo que aceptará o rechazará una institución pública.
Dada la índole litigiosa de algunas de las licitaciones, aquellas que excluyen la posibilidad de acuerdo previo entre los competidores, las autoridades prefieren, en algunas circunstancias, muy comunes de acuerdo al reporte del diario Reforma de este lunes que asegura la existencia de un incremento en el número de las asignaciones directas que implica su cuadruplicación, el grupo político dominante puede tender a entregar adjudicaciones directas a grupos privados organizados política y comercialmente para beneficiarse del cobro de apoyo previo.
Si la reforma estructural que ahora se presume en las campañas electorales apenas iniciadas no está acompañada de formas de transparencia que garanticen la defensa de los recursos del erario y el mantenimiento del principio de subasta en un mercado libre y competido, se convertirá en una de las simulaciones más costosas de la historia de la administración pública dado el volumen de recursos que deberán movilizarse para hacerla efectiva en términos de su contribución a la obra modernizadora que pasa por telecomunicaciones, energía, obra pública y contratación de servicios en general.
Cuando el IFT, el IFAI, una secretaría de Estado o actores en situación decisoria semejante deciden proscribir provisionalmente el acceso a información relacionada con licitaciones, adjudicaciones o asignaciones directas que no respetan los límites de presupuestos que establecen los reglamentos o tratando la materia de acceso a la información como asunto de seguridad nacional, el cual está a discusión él mismo, contribuye a una opacidad donde anida la corrupción y la probable perpetuación de todo aquello que se opone a la reforma estructural.
La opacidad es enemiga del progreso y de la competencia que es indispensable en el mundo liberal en que globalmente vivimos.
La transparencia los favorece.