Ordena tribunal abaratar copias a Odebrecht, se ahorrará 98% del costo

Bajo el argumento de que el corporativo brasileño Odebrecht ejerciera su derecho a defenderse, el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa no sólo ordenó la reposición de uno de los procedimientos administrativos en su contra, sino que además instruyó a cobrarle las copias del expediente en un costo 98% más barato. Es decir, la empresa especializada en ingeniería y construcción, con obras en países de tres continentes y la región del Medio Oriente, y cuyas ganancias se estiman en más de 207.6 millones, tendrá que pagar un monto de 889 pesos a la Secretaría de la Función Pública (SFP) por las fojas de los documentos que sustentan la responsabilidad de la compañía en contratos irregulares con Petróleos Mexicanos (Pemex). A fin de conseguir dicho beneficio, la defensa de Odebrecht tramitó un amparo para que se le proporcionaran las copias certificada del expediente, las cuales según establece el artículo quinto de la Ley Federal de Derechos, tenían un costo de 19.42 pesos por cada una de las 3 mil 610 fojas solicitadas, dando un total 70 mil 106.2 pesos. Sin ofrecer un argumento específico, el Tribunal Colegiado sólo estableció que la SCJN se había pronunciado sobre el costo que establece la Ley Federal de Derechos, y definió que debía ser un costo comercial. Por lo que la Secretaría de la Función Pública preguntó a Pemex la cantidad que paga al proveedor por el costo de ese número de copias y fue así que se regularizó el procedimiento fijando en 889 pesos el costo de las mismas, en términos de lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, contando con un plazo de 15 días para que la compañía hiciera válidas sus defensas y ofrecer pruebas. Aún y con la constancia de que los abogados de Odebrecht tuvieron acceso al expediente permanentemente, y sin un argumento en específico, el pasado 28 de septiembre, el Decimocuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa modificó la sentencia de amparo para que, además, de que no se aplicara la tarifa de la Ley Federal de Derechos, se repusiera todo lo actuado en el procedimiento administrativo con el que se había conseguido inhabilitar a la empresa para celebrar contratos públicos por un periodo de cuatro años. A través de pronunciamiento, la SFP señaló que dicha resolución no perjudicaba las otras siete resoluciones que a la fecha se han obtenido por el Caso Odebrecht , ni los tres nuevos procedimientos que actualmente están en integración. México fue el primer país en América latina en inhabilitar a la constructora señalada por corrupción y sobornos millonarios que vincularon a funcionarios de al menos 15 países.