El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que asuma la competencia y se pronuncie sobre los documentos que obren en su poder sobre el asesinato del activista y defensor de derechos humanos, Arturo Hernández Cardona, en Guerrero. El comisionado, Joel Salas Suárez, destacó al presentar el asunto al Pleno que Hernández Cardona fue líder del movimiento campesino “Unidad Popular”, opositor al gobierno de José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, Guerrero. Asimismo, Salas Suárez indicó que, de acuerdo con una entrevista concedida al periódico El País, Nicolás Mendoza Villa, entonces colaborador de Arturo Hernández relató que el secuestro, tortura y muerte del activista fue perpetrado por agentes del Estado, los cuales actualmente son investigados por asociarse con el crimen organizado u otros agentes privados, tal como sucedió en otros sucesos como Atenco, Apatzingán, Ayotzinapa, San Fernando, Tlatlaya o Nochixtlán. El representante del INAI hizo énfasis en la importancia de hacer pública la información, pues la evidencia puede ayudar a esclarecer otros casos, por lo que hizo énfasis en fortalecer las instituciones.
Es el insumo por excelencia para fincar las responsabilidades correspondientes e intentar dimensionar las reparaciones debidas a las víctimas y sus allegados, pero también para que cada historia se conserve en la memoria de los mexicanos y que nunca más se repitan”, apuntó.
Ante ello, la PGR argumentó incompetencia para mostrar la información, pues aseguró que lo requerido no está entre sus facultades, por lo que sugirió dirigir la solicitud a la Fiscalía General de delitos del ámbito federal. Sin embargo, el comisionado expuso que la Procuraduría sí puede tener la información que se le requiere ya que diversas áreas adscritas a la dependencia cuentan con la facultad de atracción de investigaciones por delitos del fuero común. AT/EC