El supersecretario que no fue

Alza histórica de delitos, estallidos de conflictos sociales, graves violaciones a derechos humanos, falta de prevención del delito y deficiencias en estrategias de seguridad pública y profesionalización policial; evasiones y crisis penitenciaria, aumento de ataques contra periodistas, activistas y líderes sociales, falta de acuerdos políticos; y una evidente carencia de información para detectar oportunamente una histórica generación de gobernadores corruptos fueron parte de los hechos que durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, como encargado de la política interior del país, marcaron la agenda nacional en los últimos cinco años.

El miércoles pasado, en un acto encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, se oficializó la salida de Osorio Chong de la Secretaría de Gobernación (Segob), para buscar un escaño en el Senado. En su lugar se nombró al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete, quien fue relevado por el exsubsecretario de Derechos Humanos de Segob, Roberto Campa.

Luis Miranda dejó la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para ser sustituido por el subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Eviel Pérez, quien deberá consolidar los programas de la dependencia dirigidos a sectores vulnerables, y blindarlos electoralmente.

Entre las encomiendas de Navarrete, figura reforzar el combate al crimen organizado y de robo de combustible, el óptimo desarrollo de los procesos electorales y fortalecer la protección a periodistas.

Estallidos prematuros

Desde abril de 2013, por decreto presidencial, el exgobernador de Hidalgo se erigió como “el súper secretario” de la institución más relevante y mayormente fortalecida del aparato gubernamental, luego de que el titular de la Secretaría de Gobernación asumiera las atribuciones de la extinta Secretaría de Seguridad Pública y de los órganos que la conforman. El reto: mejorar las condiciones de seguridad que evidenciaban los estragos de la ofensiva contra el narcotráfico que emprendió en 2006, el entonces presidente Felipe Calderón.

El resultado no fue el esperado debido a que, de acuerdo con el registro nacional y estatal de los índices de criminalidad, la violencia se incrementó en el último lustro, superando incluso las estadísticas registradas en los últimos 20 años. Muestra de ello es que tan sólo en lo que va de la actual administración los robos subieron 8.20%, y los homicidios intencionales superaron 30.19 por ciento.

Ni un mes había pasado de la explosión en la Torre Ejecutiva de Pemex en la colonia Anzures de la Ciudad de México, donde por acumulación de gas metano fallecieron 37 personas y más de un centenar resultaron heridas; cuando en febrero de 2013, en varias localidades de Michoacán estalló el conflicto social que dio lugar a bloqueos, enfrentamientos armados y la conformación de los grupos de autodefensa.

Ante la tardía respuesta del gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación para lograr acuerdos y en conjunto con el gobierno del estado alcanzar una estrategia efectiva para subsanar las exigencias de estos grupos paramilitares, autodenominados guardias civiles en contra del acoso del cártel de los Caballeros Templarios, lograron en menos de un año expandirse en al menos 20 municipios de la entidad, y actualmente, bajo otras denominaciones, en la clandestinidad y muchos vinculados con el crimen estos grupos siguen operando en varias regiones del país.

Dicho por el propio presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien en entrevista con este semanario reconoció que durante la actual administración se presentaron en el país numerosos casos de violaciones graves a derechos humanos que detonaron “que la sociedad mexicana vive en un hartazgo por la violencia imperante, la inseguridad, la corrupción y la impunidad.

Hartazgo en DH

La evidente desvinculación en cuanto a comunicación y estrategias entre el gobierno federal con las autoridades estatales y locales, en suma con una serie de factores que evidenciaron una deplorable capacidad de respuesta dio como resultado casos emblemáticos de esas graves violaciones de derechos humanos: el multihomicidio de civiles por parte de militares en Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014; la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Guerrero a manos de miembros del crimen organizado en conjunto con autoridades locales, ocurrido el 26 y 27 de septiembre del mismo año.

Las supuestas “ejecuciones extrajudiciales”, consideradas así por la CNDH, en contra de 22 personas en un rancho en el municipio de Tanhuato, Michoacán el 22 de mayo de 2015 como parte de un operativo de la Policía Federal. El hecho fue la antesala del fallido operativo Jalisco, en el tras una jornada violenta, la ofensiva del crimen organizado consiguió por primera vez en la historia derribar una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las emboscadas y constantes embates contra las fuerzas de seguridad civiles en el país también resulta una particularidad del ineficiente manejo de los recursos y las acciones prioritarias para depurar y profesionalizar a las policías del país, la propia dependencia a cargo de Osorio Chong lo reconoció recientemente en un diagnostico donde advierte de la crisis de las corporaciones estatales, las cuales resultan ser deficientes en más de 115 mil elementos para cumplir con el estándar recomendado por Naciones Unidas. Bajos salarios, inestabilidad en condiciones laborales y la alta permanencia de elementos que no cubren con los requisitos de certificación y confianza son parte de los flagelos.

Conflicto y crisis

En medio de una serie de conflictos, bloqueos y enfrentamientos a causa del conflicto magisterial entre las autoridades y miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que derivaron en hechos como el desalojo de su campamento en el Zócalo de la CDMX, y el malogrado operativo policial en Nochixtlán, Oaxaca; la política interior pasó del júbilo institucional por la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán el 22 de febrero de 2014, tras 13 años de su evasión, al escrutinio internacional por la segunda fuga histórica del narcotraficante más buscado en la historia reciente ocurrida el 11 de julio de 2015 de un penal de “máxima seguridad”.

La vulnerabilidad institucional que permitió el escape del capo fue reflejo de la crisis penitenciaria que en el país persiste en constantes motines, violaciones a derechos humanos e incluso choques armados al interior de las cárceles.