Bajo la premisa de que la PGR no puede ser juez y parte, en la investigación sobre el presunto espionaje del gobierno mexicano a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, los senadores de cuatro grupos 
parlamentarios presentaron un punto de acuerdo para que el gobierno de la República solicite la intervención de organismos internacionales y expertos independientes.
Varios legisladores del PAN, PRD, PT y Morena presentamos un punto de acuerdo en el que solicitamos al gobierno de la República, que a su vez solicite la creación de un panel de expertos independientes en el marco de un acuerdo de asistencia técnica, de cooperación que se tiene con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, advirtió la senadora Laura Rojas Hernández.
Durante la presentación del informe Gobierno Espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México, realizada la tarde del miércoles en el Senado de la República, la legisladora panista reiteró que “por más columnas, peticiones de legisladores y organizaciones civiles, ni la ONU ni la OEA pueden intervenir en nada si no hay una petición expresa del gobierno federal, como representante del Estado mexicano ante los organismos internacionales”. En el evento, encabezado por el senador, Zoé Robledo Aburto, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, representantes de las organizaciones
Artículo 19 y Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) exigieron al gobierno mexicano transparentar lo antes posible los contratos con el detalle de los montos, las empresas y las dependencias que intervinieron en la adquisición del malware Pegasus, el cual habría sido utilizado en al menos 88 intentos de infección de comunicaciones.
El tema que se está revelando aquí no solamente es el de intentos de infección a un grupo de periodistas y activistas. Puede ser una de las mayores violaciones a los Derechos Humanos en los últimos años, potencialmente con origen desde el gobierno. No es sólo la escucha de llamadas, puede ser una violación mucho más amplia de los derechos que están consagrados en la Constitución”, aseveró, Zoé Robledo.
La senadora de Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo, se pronunció por una indagatoria profunda y exhaustiva, en la que instancias internacionales determinen cuáles fueron los otros gobiernos estatales que también habrían adquirido ese tipo de software, que supuestamente sólo puede ser vendido a solicitud de gobiernos y no de particulares, para labores de vigilancia de criminales y terroristas. Para el senador Miguel Barbosa, el legislativo debe de poner mayores protocolos para la autorización de las acciones de inteligencia.