El gobierno federal sufre de dislexia presupuestal: a los programas que son efectivos para reducir la pobreza les quita recursos, y a los que son irrelevantes para ese fin les aumenta las asignaciones.
De los 148 programas que hoy maneja el gobierno federal, 50 son calificados por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como “relevantes” en reducción de la marginación, y para ellos hubo una bolsa de 473 mil 992 millones de pesos en 2019.
Sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2020 se propone conservar 46 de 50 programas efectivos, y además se plantea recortar el gasto a 451 mil 938 millones, lo que significa una merma de 4.7 por ciento.
En contraste, este año Coneval identificó que en el presupuesto 2019 se le asignaron 558 mil 517.6 millones de pesos a 98 programas “no relevantes” para reducir la miseria; no obstante, para el próximo año se propone aumentar las asignaciones a 579 mil 606.3 millones, lo que implica un incremento de 3.8% para instrumentos no aptos para bajar la miseria.
“Vamos a atender y a respetar a todos, y vamos a gobernar para todos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el discurso de toma de protesta, el pasado 1 de diciembre, ante el Congreso de la Unión. “Pero le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres. Nuestra consigna es a partir de hoy principio de gobierno”.
Pero las palabras del mandatario no se sustentan con los números. Los 579 mil 606 millones que se piensa invertir en programas infructuosos para reducir el número de pobres equivalen a casi cuatro veces el presupuesto de la Secretaría del Bienestar (150 mil 606 millones) o casi cinco veces la inversión estimada para la construcción del Tren Maya (120 mil millones de pesos).
Con los recursos que el proyecto de presupuesto del próximo año plantea gastar en programas irrelevantes para bajar la pobreza se podría pagar 142 veces el monto que en 2018 recibió el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (cuatro mil 70 millones), que fue cancelado por el actual gobierno.
Incongruencias
“Si efectivamente queremos reducir la pobreza extrema, uno pensaría que deberíamos privilegiar programas que han probado tener resultados para bajar las carencias”, dijo Gonzalo Hernández Licona, experto en política social y exsecretario ejecutivo del Coneval, quien agregó que no se explica por qué al programa Prospera se le están quitando recursos y hoy está en camino de desaparecer, siendo que es un programa que ha dado muestra de que ha ayudado a bajar la pobreza extrema.
“Llama la atención que si la pobreza y la austeridad son temas prioritarios en este gobierno, parecería que el diseño del presupuesto no se liga directamente a programas que bajan la pobreza y con la importancia de la medición de la pobreza extrema”, expuso Hernández Licona.
›De los 21 programas que, según el Coneval, son “fuertemente relevantes” para combatir la pobreza y garantizar el acceso a educación, salud, alimentación, vivienda e ingreso, nueve presentan en el proyecto de 2020 un recorte que en conjunto asciende a 40%, respecto a 2019; ocho registran un aumento conjunto de 21%, y cuatro permanecen si cambios.
Entre los programas “fuertemente relevantes” en el combate a la miseria que sufrirán un recorte —en caso de que se apruebe en sus términos el presupuesto elaborado por Hacienda— están dos acciones creadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto: Escuelas de Tiempo Completo (que pasaría de 10 mil 190 millones de pesos en 2019 a 5 mil 100 millones el próximo año) y el Programa de Mejoramiento Urbano (de ocho mil millones a 4 mil 56).
Al respecto, Rodolfo de la Torre García, director en Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, dijo que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 presenta disparidades que deben ser analizadas por la Cámara de Diputados, instancia que tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto.
Por un lado, sostuvo, el proyecto tiene programas que privilegian a los jóvenes con dificultades para permanecer en el sistema educativo, como son aquellos que cursan la educación media superior, donde se ha identificado un elevado nivel de deserción escolar.
“Desafortunadamente hay otros programas que reducían las desigualdades educativas en el país, pero que están siendo desatendidos. Un ejemplo son las Escuelas de Tiempo Completo, en donde se procuraba que los niños aumentaran su rendimiento escolar permaneciendo en actividades escolares y extraescolares que les permitían cerrar la brecha educativa”, dijo De la Torre.
“Mientras que, por un lado, se apoya la reducción de la desigualdad, por otro lado este tipo de presupuesto también puede incrementarla. Es algo que tiene que ser revisado urgentemente por el Congreso”, opinó el especialista.
La mira desviada
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación es un programa noble, pero inútil para combatir la pobreza. Dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el instrumento busca subsidiar a las entidades federativas para que lleven a cabo “actividades de educación integral e incluyente (culturales, artísticas, deportivas, socioemocionales, investigación, capacitación, difusión y publicación)”.
De acuerdo con un diagnóstico del Coneval, el programa es “no relevante” para combatir la pobreza y para garantizar el acceso a derechos sociales; pese a ello, para el presupuesto 2020 se proyecta un aumento de 416%, al pasar de 600 a tres mil 100 millones de pesos.
Programa de Mejoramiento Urbano, en cambio, es un instrumento efectivo, pero subestimado. A cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el programa busca “mejorar la disponibilidad y calidad de la infraestructura básica, equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, que permita aumentar el grado de cohesión social, así como reducir la incidencia de marginación y atender las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza”.
Se trata de una acción valorada por el Coneval como “fuertemente relevante” tanto para reducir la marginación como para garantizar los derechos sociales básicos, pero en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 se propone trasquilarle 49% de su gasto.
Entendemos que el presupuesto es un proceso político, en el cual se privilegian varias cosas, no sólo el combate a la pobreza; se privilegian clientelas políticas, ideologías y posturas de algunos partidos políticos. Entendemos que cualquier proceso presupuestario tiene elementos políticos, pero sí nos gustaría ver que los tomadores de decisiones consideraran las evaluaciones para el proceso presupuestario”, estimó Hernández Licona, quien durante 15 años encabezó el organismo encargado de medir la pobreza en México.
› “Hay un programa que es Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, que tiene un incremento de 66.7%; ahí vale la pena detenerse porque es un programa que no aclara cuál es la metodología para la definición de los precios para los granos y la leche, no especifica los criterios para la selección de los productos con precios de garantía, y esto es importante porque al intervenir en el precio se pueden hacer distorsiones en el mercado que afecten a los productores.
Pero que también se pueden generar procesos de corrupción, dado que no es claro cómo son los procesos de asignación”, alertó el analista.
Unos por otros
De un total de 148 programas sociales que el gobierno federal presupuestó para 2019, el Coneval determinó que hay 103 relevantes (para reducir pobreza o para mejorar el acceso efectivo a los derechos), de los cuales en el proyecto de presupuesto para el próximo año propone la continuación de 87 programas. Se cancelan o fusionan 26.
De igual manera, de 50 programas “relevantes” para disminuir la marginación social que recibieron dinero en 2019, 46 permanecen en 2020, pero su presupuesto se reduce en 2.6 por ciento. Y de los 103 programas que favorecen el ejercicio de los derechos sociales en 2019, 87 se mantienen en 2020, pero su presupuesto baja en 1.2 por ciento.
En 2019 de 98 programas “no relevantes” para reducir pobreza, en el proyecto de 2020 se propone que sigan operando 80, con un aumento de 6.1%; mientras que, de los 45 programas “no relevantes” por derechos en 2019, 39 siguen en el proyecto de 2020, aumentando su presupuesto en 5.6 por ciento.
Lo nuevo y lo viejo
En el proyecto de presupuesto de 2020 aparecen diez programas nuevos: tres manejados por el ISSSTE, tres por el IMSS, dos por la SEP, uno por la Secretaría de Cultura y uno por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
De ellos, sólo dos tienen reglas de operación (Ordenamiento de Mercados de Granos y Oleaginosas, y Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales), lo que significa que sólo en 20% de los programas habrá transparencia en la asignación de dinero, recursos susceptibles de ser fiscalizados y sus resultados evaluados.
›Los programas nuevos que absorberán más recursos, en caso de aprobarse el presupuesto en los términos actuales, son: La Escuela Nuestra, dependiente de la SEP, con siete mil 280.3 millones; Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, a cargo del ISSSTE, con mil 731.1 millones, y Subsidio por cáncer, manejado por el IMSS, con 498.8 millones.
En el proyecto de presupuesto de 2020 aparecen tres programas ideados por la Cuarta Transformación. El más caro de ellos es Jóvenes Construyendo el Futuro (considerado como “fuertemente relevante”), con 25 mil 614.2 millones de pesos; Sembrando Vida (“medianamente relevante” para combatir la pobreza y “fuertemente” para garantizar acceso a derechos), con 25 mil 130.9 millones, y Jóvenes Escribiendo el Futuro (“fuertemente relevante” para reducir la miseria), con 7 mil 776.4 millones de pesos.
“El programa Sembrando Vida, emblemático de esta administración, también es un caso de estudio. No tiene reglas de operación y, por tanto, no es claro sobre los beneficios concretos. Se ha percibido que, en ciertos lugares, la gente está deforestando sus ejidos para luego sembrar y recibir el apoyo, lo que redunda en una afectación al medio ambiento, porque en lugar de fomentar la conservación de los bosques en el largo y mediano plazos, se está optando por un tipo de siembra más rápida”, advirtió Hernández Licona.
Es importante tener reglas claras para que todos sepamos cómo se gastan los recursos y quiénes son los beneficiarios de los programas, porque de otra manera se pueden crear incentivos para el uso clientelar del presupuesto”.
Gonzalo Hernández Licona
Exsecretario ejecutivo del Coneval
Los tres proyectos de la 4T no cuentan con reglas de operación, por lo que el padrón de beneficiarios y las normas para acceder a los recursos no están claramente establecidos, lo que se ha prestado a sospechas por parte de los adversarios del gobierno, quienes ven la intención de hacerse de clientelas políticas.
“Yo entiendo que el al inicio de un sexenio no es bueno amarrarse las manos con reglas de operación muy estrictas, porque a lo mejor el proceso operativo que estás proponiendo no está totalmente probado y requieres cambiarlo sobre la marcha. Entonces, entiendo que al inicio del sexenio tener reglas de operación puede ser contraproducente.
“Pero ya estamos en el segundo año de gobierno y lo preocupante es que se mantengan y aumenten los programas sin reglas de operación, y creo que eso se puede prestar a procesos de corrupción. Es importante tener reglas claras para que todos sepamos cómo se gastan los recursos y quiénes son los beneficarios, porque de otra manera se pueden crear incentivos para el uso clientelar del presupuesto”, expuso el exsecretario ejecutivo de Coneval.
Finalmente, el proyecto de 2020 contempla programas inservibles para combatir la pobreza que tendrán importantes incrementos en el gasto.
El programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, a cargo de la Sader, es completamente irrelevante para el desarrollo social, pero tendrá un aumento de 80%; lo mismo ocurre con Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, catalogado por Coneval como inútil para reducir la pobreza, pero que tendrá un aumento de 66.7 por ciento.
En el proyecto de presupuesto de 2020 aparecen diez programas nuevos: tres manejados por el ISSSTE, tres por el IMSS, dos por la SEP, uno por Cultura y uno por la Secretaría de Agricultura. De ellos, sólo dos tienen reglas de operación.