Paramilitares tienen a los 43 estudiantes, según la guerrilla

Mientras dependencias de seguridad del gobierno federal apuntan a que los 43 normalistas, que cumplen hoy un mes de desaparecidos, fueron entregados por elementos policiacos de Iguala y Cocula a los jefes del grupo criminal Guerreros Unidos, desde inicios de mes diversos grupos guerrilleros aseguran que los estudiantes no fueron desaparecidos por una banda del crimen organizado.

[su_pullquote] El ERPI surgió de una escisión del EPR en 1995, generada por diferencias sobre la estrategia de combate, pero fue hasta 1998 cuando se documentó su actividad y con presencia en Guerrero, San Luis Potosí, Distrito Federal y Oaxaca [/su_pullquote] El EPR fue el primero en lanzar una serie de 11 comunicados publicados entre el 30 de setiembre y el 17 de octubre; en uno de ellos se refiere a la desaparición forzada de sus compañeros Raymundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y en general de este tipo de actos como un método del Estado contra los líderes sociales.

“Es grotesco sostener la tesis de la infiltración del crimen organizado para endosar este crimen de lesa humanidad a la ‘delincuencia organizada’, dicha afirmación constituye una burda maniobra política para diluir la responsabilidad del Estado y garantizar impunidad a los criminales materiales e intelectuales. Especulaciones dolosas promovidas por el Estado mexicano y difundidas perversamente por ‘sesudos analistas’ y funcionarios públicos”, sostiene el Comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y la Comandancia General del Ejercito Popular Revolucionario (CG-EPR)

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“El comando de “civiles” entre los férreos controles policiaco militares nunca existió, en realidad, son elementos en activo del ejército, la marina, la policía federal y la gendarmería en un operativo de aniquilamiento típico de los escuadrones de la muerte”, dice el grupo armado clandestino.

En su segundo comunicado, convoca a la unidad “cada cual en su trinchera y forma de lucha. Al terrorismo de Estado se le enfrenta con la unidad popular, constituye una necesidad la generalización en el plano nacional de las acciones políticas de masas, la acción popular combativa, la acción múltiple de solidaridad en todo el país y la estructuración de la autodefensa del pueblo para que se ejerza la justicia popular”. Y acusa que la desaparición de los normalistas no es producto de la acción de los narcotraficantes, sino de “elementos activos de las fuerzas policiaco-militares realizando acciones de paramilitarismo”.

[su_pullquote]EPR se instituyó en 1994 y se presentó públicamente el 28 de junio de 1996, en el aniversario de la masacre de campesinos de Aguas Blancas; tiene como antecedentes el Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo (PROCUP-PDLP) y algunos integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional, grupos surgidos en los años 60. [/su_pullquote] El 9 de octubre, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) publicó un comunicado donde convocaba “al interior de nuestras filas y al pueblo en general a la conformación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre, expresamente fundada para enfrentar en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cartel de sicarios del Estado, mal llamado “Guerreros Unidos”.”.

Además de declarar a la Corriente Nueva Izquierda del PRD como cómplices del ataque a normalistas, el ERPI también envió el mensaje a sus militantes en todos sus frentes, tanto políticos como células armadas, que recaben “toda información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel y póngase a disposición de nuestro ERPI, por cualquier vía pública o secreta”.

A partir de junio de este año, las distintas organizaciones comenzaron a tener una presencia un poco más visible a través de sus comunicados, después de varios meses de silencio. Sin embargo, entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, en sólo seis días, se pronunciaron con un discurso bélico el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP) y las Milicias Populares ¡Basta ya!.

Para el ERPI “como ha quedado reconocido por el órgano máximo de inteligencia del Estado mexicano, o sea el CISEN, estaba al tanto desde hacía mucho tiempo de las actividades del cártel a su servicio en el norte del estado de Guerrero y el estado de Morelos, y desde luego contaba con información de los nexos del Presidente Municipal de Iguala junto a una larga lista de funcionarios del gobierno municipal y los autores directos de los crímenes de la noche del 26 de septiembre, quienes fueron policías municipales y, a la vez sicarios” .

El mensaje a sus simpatizantes y militantes es también muy claro: “preparémonos para pasar de la defensiva estratégica a la ofensiva generalizada contra el Estado; saben cuáles son los medios para ponernos de acuerdo; no dejemos pasar esto, nuestros hermanos muertos no se lo merecen, es hora de poner en práctica la máxima de Patria o Muerte”.

Las Milicias Populares lanzaron su primer comunicado el pasado 6 de octubre, “ante la violencia del brutal neoliberalismo que en México se mantiene mediante el narcogobierno, hoy, más que nunca, necesitamos responder con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales e ilegales”.