Redacción ejecentral
El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, adelantó que la empresa investigará si uno de sus funcionarios recibió sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, tras declararse culpable de realizar sobornos en Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, México, Guatemala, Panamá y República Dominicana.
“Yo estoy absolutamente comprometido de hacer todo lo que tengamos que hacer para llegar a las últimas consecuencias en este y en todos los casos”, dijo González Anaya.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó el miércoles pasado que Odebrecht y la petroquímica Braskem, la segunda empresa brasileña implicada en el “esquema de pago de sobornos”, se declaraban culpables y aceptaban pagar una multa de 3 mil 500 millones de dólares ante las autoridades de Brasil, Suiza y Estados Unidos para eliminar los cargos.
Según el Departamento de Justicia estadunidense, Odebrecht pagó en México sobornos por 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014, período que abarca los dos últimos años de gobierno de Felipe Calderón y los dos primeros de Enrique Peña Nieto. No obstante, el documento no especifica qué contratos se obtuvieron mediante los sobornos.
La Fiscalía de EU calificó como su “mayor caso de corrupción” vinculado con una empresa extranjera que cifraban en 788 millones de dólares los sobornos pagados por Odebrecht a lo largo de 15 años, desde 2001, en países como Venezuela, Argentina, México o Colombia.
“Odebrecht acordó pagar un soborno a un funcionario de alto nivel de una empresa mexicana de propiedad y control estatal a cambio de ayudar a Odebrecht a ganar un proyecto”; el soborno fue de 6 millones de dólares, señala el expediente estadunidense.
En febrero de 2014, Odebrecht obtuvo por adjudicación directa de Pemex un contrato de acondicionamiento para un proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo por más de 100 millones de dólares, que se amplió en noviembre de ese año.
“Vamos a cooperar en todo para encontrar lo que se tenga que encontrar y a quien se tenga que encontrar”, dijo González Anaya, quien detalló que colabora en conjunto con la Secretaría de la Función Pública.
Las acusaciones estadunidenses confirmaban el miércoles la sospecha de que se trataba además de una práctica generalizada en todo el continente, a través de un mecanismo institucionalizado de pagos ilícitos (“un departamento de sobornos”, lo llamó un fiscal estadunidense) para conseguir los contratos.
Colombia (también) indagará sobornos
El gobierno colombiano anunció que profundizará a fondo las investigaciones en el caso de pagos de 11 millones de dólares en sobornos por la multinacional brasileña Odebrecht, para conseguir contratos de obras públicas en este país.
El escándalo de corrupción de Odebrecht se conoció en la víspera cuando Estados Unidos informó de una multa por al menos dos mil 600 millones de dólares contra la multinacional brasileña, por casos de sobornos a 12 países.
Colombia no se escapó a los tentáculos de esta red de corrupción y, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “entre el 2009 y el 2014 pagó más de 11 millones de dólares para conseguir contratos de obras públicas, con las que logró beneficios por más de 50 millones de dólares”.
La multa también involucró a su filial Braskem, que aceptó pagar unos 957 millones de dólares, en lo que se considera el mayor caso ante la justicia estadunidense por sobornos pagados por empresas extranjeras.
“El gobierno nacional es el primer interesado en ir al fondo de este tema y llevar esta investigación hasta sus últimas consecuencias”, señaló un comunicado de la presidencial Casa de Nariño.
Las autoridades colombianas contactaron de inmediato “al Departamento de Justicia de Estados Unidos para ofrecer su colaboración y solicitar toda la información que involucre a funcionarios y/o contratos en Colombia”.
Igualmente, solicitó la “intervención de la Fiscalía General de la Nación y le reiteró que cuenta con el apoyo y colaboración del gobierno para esclarecer esta situación inaceptable e identificar a todos los responsables”.
En la información que hizo pública el Departamento de Justicia de Estados Unidos se señaló en forma específica “que entre 2009 y 2010 se pagaron 6.5 millones de dólares a un funcionario en Colombia”.