1.
Al analizar la reorganización del próximo gobierno cabría pensar que se trata de una reforma al sistema administrativo para ir de uno obeso y disfuncional, a otro más esbelto, mejor estructurado y menos caro. Hasta ahí es común al propósito inicial de renovar y hacer más con menos. Pero, ¿de qué sistema administrativo podría estarse tratando? La tendencia en el mundo ha sido descentralizar y desburocratizar, es decir, llevar las decisiones de lo central a lo local. Empero, aquí pareciera que se trata de concentrar y empoderar al centro.
2.
A diferencia de la reforma administrativa de 1977, que daría lugar al presupuesto por programas para después devenir en el sistema de planeación democrática y la descentralización, la reforma impulsada tras la primera alternancia se inspiraría en la tradición gerencialista y de reinvención del gobierno basada en la maximización de eficiencia y reducción de costos aplicado a las cuestiones públicas. Pero en ambos casos era perceptible una relación estructural entre política y administración pública, correspondiendo la primera esfera al ámbito de las decisiones en tanto que la segunda al de su aplicación cual eficaz correa de transmisión entre lo que se proponía hacer el gobierno y la manera de realizarlo.
3.
Ahora, lo que parece venir es un juicio sumario a la administración pública y los esfuerzos de profesionalización y construcción de un servicio civil realizados desde entonces, para regresar al sistema de botín, a la amigocracia y a la empleomanía caracterizada por Bulnes en los gobiernos de principios del siglo XX, acentuado ahora por la precarización de los ingresos y las oportunidades de desarrollo de la burocracia. Con ello desaparecerán plazas, las más altas de los tabuladores; no habrá seguros de gastos médicos mayores ni de separación individualizada, como tampoco pagos de gasolinas, celulares, alimentos, viáticos y transportes. No puede haber buenas remuneraciones públicas, dicen, cuando la mayoría de la población percibe menores ingresos. Bien por los ahorros, pero los bajos sueldos rara vez son sinónimo de honradez y eficacia.
4.
En realidad se confunde austeridad con precarización. Con esa lógica, Morena ha impuesto recortes ásperos y profundos en las Cámaras. En el Senado buscarán “ahorrar” 1,500 millones de pesos y en la Cámara de Diputados 3 mil, que le pegarán, sobre todo, a las bancadas del PAN y del PRI, las más sensibles a la disponibilidad o no de recursos y que verán caer drásticamente el financiamiento público. El efecto neto será una oposición menesterosa, con mayores dificultades para ser, precisamente, oposición.
Con esta lógica, en los próximos meses se verá avanzar la pauperización de la Administración Pública Federal, reduciendo los salarios al personal de confianza, cortando el numerario y compactando programas y estructuras para dejar al paso una burocracia de bajos sueldos y pocos incentivos.
Además, las figuras de superdelegados de desarrollo social y las dependencias que operarán fuera de la CDMX tendrán su efecto en cada entidad federativa. Podrían haberse inspirado en la figura de las “diputaciones provinciales” españolas, que integrando la representación de los concejales de los municipios, permiten mejorar localmente la distribución de los recursos y las políticas. La inspiración proviene en realidad de los delegados del gobierno, que en España tienen un peso limitado al administrar esencialmente la Policía Nacional y las elecciones generales, cuando aquí serán plenipotenciarios.
5.
Indudablemente, la pauperización del gobierno federal, de las Cámaras y, eventualmente, de las entidades hace recordar aquella terrible visión de querer un buen gobierno cuando de origen se plaga de deficiencias.