1.
En estos días se discute en el Congreso quizá el proyecto más importante para los ciudadanos, que es el presupuesto 2020. Ciertamente hay numerosos temas aciagos en el contexto, pero el presupuesto es el tema en el cual se perfila lo que podremos hacer en lo inmediato para enfrentar los temas candentes como la seguridad pública, el desarrollo social o el perfil de la economía, y más aun cuando todo lo que se decida en esta materia habrá de tener un efecto en el bolsillo y en el bienestar familiar.
2.
A esta discusión árida y técnica solemos ponerle poca atención cuando debiera tener toda de la que seamos capaces; debiéramos exigir a nuestros representantes legislativos el hacer valer lo que esperamos y cuánto estamos dispuestos a pagar; debiéramos realizar acciones de parlamento abierto, es decir, participar en las comisiones legislativas conforme sea posible para asegurarnos que lo aprobado y como se gaste sea lo real y socialmente necesario. Tal fue la razón por la que surgió el parlamento moderno en la Inglaterra revolucionaria del siglo XVII; no taxation without representation fue la divisa de los comunes al crear la democracia representativa con la exigencia de saber en qué y cómo se gastan los recursos públicos aportados por los contribuyentes.
3.
Cobrar impuestos y gastarlos pareciera ser la función esencial del gobierno. Sin embargo, también lo es rendir cuentas y hacerlo con honestidad, eficiencia, transparencia y eficacia. En este paquete económico para 2020, el gobierno federal planea recaudar 6.1 billones de pesos mediante la Ley de Ingresos, misma cantidad que se propone gastar conforme a las prioridades establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. De éstos, 5.5 billones de pesos serán ingresos presupuestales, vía tributación y petróleo con 584 mil 400 millones de pesos financiables esencialmente con CETES. Lo que ha planteado también es el endeudamiento estrictamente necesario sin incrementar el porcentaje del producto nacional atribuible a la deuda pública en el orden de 45 por ciento. De alguna manera, las previsiones generales sostienen los fundamentos macroeconómicos habituales del sistema financiero internacional, previendo un superávit primario de 0.7%, una inflación en 3%, cotización peso-dólar en 20 pesos y un precio conservador del barril de petróleo en 49 dólares, frente a 55 considerados en el presupuesto de 2019 y que ha generado un saldo positivo en el Fondo de Estabilización por 409 mil 700 millones de pesos actualmente disponibles.
4.
En donde pueden fallar las previsiones es que esos números suponen un crecimiento de la economía entre 1.5 y 2.5% del PIB, cuando en el mundo el crecimiento ha mermado y las últimas proyecciones hacen temer una recesión en lo inmediato, tanto como un crecimiento cero para la economía mexicana este año y quizá negativo en las proximidades, algo recién estimado por el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath.
5.
Ciertamente existe un margen de maniobra para las finanzas públicas que podrían aguantar éste y el próximo año con los recursos del Fondo de Estabilización antes señalados, el buen crédito internacional del país sólidamente apalancado con reservas internacionales de 180 mil millones de dólares, la posibilidad de reducir el superávit primario, según lo ameriten las circunstancias y, finalmente, la austeridad extrema, franciscana, en que ha transcurrido el gasto público, equivalente a una política de ajuste previamente anunciada. La cuestión es si esto resulta útil al país, dado que los ciudadanos pagaremos más por los mismos impuestos y recibiremos políticas públicas deficientes, perceptibles en una inseguridad trágica, un desarrollo social clientelar y una economía estancada, sin crecimiento ni empleos suficientes.