1.
El 1 de septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió el deber constitucional de presentar un informe por escrito al Congreso sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal. Al respecto, la Constitución prevé el análisis y revisión del mismo, de ser necesario citar a los responsables de despacho que así considere y, en última instancia, la emisión de Preguntas Parlamentarias que el Ejecutivo Federal deberá responder por escrito en un plazo perentorio, el necesario dentro del periodo ordinario en que fueron formuladas las preguntas por los diferentes grupos parlamentarios.
Este proceso, que se denomina la “glosa del Informe”, está regulado en detalle en las leyes secundarias de cada Cámara. Esencialmente, se estipula un cierto número de preguntas, unas 50, las cuales se distribuyen conforme al porcentaje de cada fuerza política. De ahí que poco más de la mitad serán para el partido Morena y sus aliados, con menores cantidades para las formaciones que le siguen, el PAN, el PRI, MC y el PRD, respectivamente.
2.
Empero, más allá de lo que está previsto en las formas, lo relevante es el fondo de la cuestión, que es la rendición de cuentas del responsable de la ejecución del presupuesto y de la marcha de las políticas públicas federales. En toda democracia, este proceso constituye el núcleo de la división de poderes y establece el debido funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos propio del Estado moderno. Hay un poder que emite las leyes y ejerce el control político; otro que las lleva a cabo y provee su observancia en la esfera administrativa y uno más que imparte justicia y hace respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan.
3.
Adicionalmente, por vez primera en el ejercicio del poder en México, se tiene un referente contra el cual realizar el análisis del Informe, que es el Plan Nacional de Desarrollo, presentado por el Gobierno Federal y aprobado por la Cámara de Diputados. Esto, que pareciera trivial, no lo es, pues permite contar con un Plan de Gobierno con indicadores para ser evaluado y en su caso, hacer valer la rendición de cuentas: qué se propuso hacer el Gobierno y cómo es que lo está llevando a cabo o en su caso, explicar por qué difieren los propósitos de los hechos.
4.
En el PND 2019-2024, aprobado el 12 de julio del actual, el Gobierno planteó objetivos asequibles para detonar el crecimiento y mantener la salud de las finanzas públicas nacionales, e impulsar el empleo y la inversión pública, sobre todo en grandes proyectos estratégicos como el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el proyecto Transístmico de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas y la reactivación de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas determinantes para el desarrollo nacional. Ello implicaría crecer al menos un 4% anual como el sustrato económico suficiente para transformar el país, pacificarlo y lograr el necesario desarrollo con bienestar, núcleo del cambio de régimen neoliberal que se pretende.
5.
En contraste, el Informe presentado integró una narrativa de cómo están las cosas por hacer. El crecimiento económico podrá ser del 2% este año, pero la SHCP lo estima en 0.9% y posiblemente del 2% en todo el sexenio; se ha profundizado en el combate a la corrupción, en la reducción de puestos, prestaciones y salarios de la burocracia con economías presupuestales para cubrir los nuevos programas de beneficio social para adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida y becas estudiantiles, pero con un débil crecimiento, difícilmente tales avances podrán ser sostenibles. Definitivamente, crecimiento, presupuesto y desarrollo con justicia son un trinomio indisoluble.