1. Los informes sobre la estadística de la violencia en nuestro país hielan la sangre. Este año será el más violento quizá de los últimos doce, con más de 26 mil homicidios dolosos registrados hasta el momento, lo que elevará la cifra del sexenio por encima de los parámetros que tuvo Felipe Calderón, el iniciador de la guerra del narco. En ese sexenio, según cifras del INEGI, hubo 121 mil 163 personas asesinadas hasta llegar a 23 por cada 100 mil habitantes; durante los tres primeros años de la actual administración, la cifra llegó a 64 mil 614 y, de mantenerse la tendencia, serán más de 130 mil al concluir.
2. La estrategia de subordinar la seguridad pública a la gobernación del país evidentemente no ha tenido los resultados esperados. No se logró desarticular a los cárteles, más bien se les dispersó en numerosas células que operan por su cuenta, pero coordinadas por grupos más sofisticados como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Rojos, la Nueva Familia o los remanentes de la Federación sinaloense.
Habrá quienes culpen a la alternancia, pero lo cierto es que en los estados y municipios del país la coordinación entre los mandos policiacos, de seguridad pública y de seguridad interior se complicó, presa de la desconfianza entre los diferentes partidos gobernantes y niveles de gobierno, al grado que, descoordinadas las fuerzas federales de las locales, la delincuencia se ha enseñoreado en entidades gobernadas por la oposición o el partido gobernante, como sucede en Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Baja California, también en el estado de México y Jalisco, por ejemplo.
3. En ese contexto de gran violencia la protección de los derechos humanos ha sido también afectada. Se han registrado 72 asesinatos de periodistas en los últimos cinco años, convirtiendo esta profesión en la más riesgosa a ejercer en el país y no se ha logrado tener resultados concluyentes sobre la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la mítica rural de Ayotzinapa en Iguala hace tres años, como tampoco en los casos de presunción de ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya y Apatzingán, o de excesivo uso de la fuerza pública en Nochixtlán. Tal situación de vulnerabilidad en la protección de los derechos humanos, primer deber de un Estado moderno y constitucional, habrá de aportar la litis suficiente para sustentar casos de violación a los derechos fundamentales en los tribunales internacionales.
4. Es tal la situación que hasta le ha servido al presidente Trump para justificar la construcción del muro y obtener fondos en el Congreso para el mismo. “Hay violencia en México”, dice, por lo que debe sellarse la frontera con una barrera física. También nos imputa ser la fuente principal de la heroína que consumen allá.
5. Ambos datos, la creciente violencia en México y el auge del mercado de drogas, constituyen un grito estentóreo del fracaso de la guerra frontal contra el narcotráfico. Quizá sea el tiempo de poner fin a la prohibición y enfrentar el problema con enormes dosis de realismo. En distintos foros internacionales se ha analizado la cuestión y se habla de legalización hasta cierto punto, combinada con atención pública y social a los problemas de salud que generan los excesos y taxación del consumo para financiar las políticas públicas necesarias. El consumo de cualquier droga, sean las reguladas como el tabaco y el alcohol o las prohibidas como la mariguana, la cocaína, las sintéticas y los opiáceos, genera efectos nocivos y desagradables en la sociedad. Es su descontrol y clandestinidad lo que eleva la cuenta de los muertos y destruye la seguridad pública. Pero no hay de otra, la solución requiere ir por ella y, como en el pasado, elegir el mal menor.