1. Tras el V Informe, vendrá el otro tema de gran impacto en la cuestión pública y en los bolsillos de los ciudadanos, que es el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 2018, a presentarse en el Congreso el 8 de septiembre. Lo que ahí se ponga habrá de significar cuánto más tendremos que pagar al fisco y cuánto menos habremos de recibir en programas, servicios e infraestructura del gobierno, que es cómo pintan las cosas. Por ello la importancia de atender al análisis, debate y eventual aprobación del mismo. 2.Conforme lo ha señalado el titular de Hacienda, José Antonio Meade, la Ley de Ingresos no contendrá más sorpresas que el hecho de que continuará, sin modificar una coma la anterior; es decir, habrá de seguirse aplicando el “pacto fiscal” establecido por su antecesor, Luis Videgaray, en la entelequia de que no habrá ni más ni nuevos gravámenes, sólo los impuestos de la reforma hacendaria de 2013 y que tanto malestar han generado en empresarios y ciudadanos pues elevaron la tasa del ISR, mantuvieron la estructura porosa y elusiva del IVA y cerraron y toparon la posibilidad de consolidación en empresas y de deducción de gastos personales. 3.En lo que respecta al gasto, éste habrá de seguirse contrayendo. El secretario Meade adelantó que en la proyección del presupuesto no habrá ingresos excedentes del petróleo o del Banxico dado que los precios del crudo seguirán bajos y la producción esperada cae a 1.9 millones de barriles diarios en tanto que la brecha cambiaria se redujo tras haber asimilado los mercados los costos asociados a la indeterminación de la Presidencia de Trump respecto del TLCAN y los asuntos mexicanos. El Presupuesto, por ende, habrá de considerar el efecto adverso de un recorte por 80 mil millones de pesos, la erosión adquisitiva de una inflación en casi 7% este año y proyección de 4% para el siguiente así como una mayor cantidad destinada al servicio de la deuda con motivo de mayores tasas de interés (la TIIE se encuentra en 7.37%, sobre la que todos hacemos cuentas; por ejemplo, el servicio de la deuda pública total habrá de requerir unos 600 mil millones de pesos en un ya mermado presupuesto). 4.Conforme a los Criterios Generales de Política Económica que han trascendido, el precio del petróleo se fijará en los mismos 42 dólares del actual, siendo el precio internacional de la mezcla mexicana de sólo 40 dólares al momento; la proyección de inflación para el año próximo se estima en 4%, la expectativa de crecimiento económico en 3%, lo que pudiera alimentar la esperanza de un incremento en la recaudación que compensara un tanto las menores expectativas de ingresos excedentes, en tanto que la paridad cambiaria estaría en torno a 19 pesos por dólar. 5.En México, a diferencia de Estados Unidos, el Presupuesto no es ley por lo que no se negocia con el Congreso. Prevalece la voluntad del Ejecutivo tanto en su planteamiento como en la aprobación y hasta el ejercicio, que suele ser modificado unilateralmente. Si fuera una ley aprobada por ambas Cámaras, cualquier cambio requeriría aprobación congresional previa explicación de las razones. No siendo así, persiste una gran discrecionalidad en la gestión presupuestal, donde, si acaso, hay revisiones forenses, a toro pasado, por la Auditoría Superior de la Federación. Sólo habrá que anotar que desde 2001 ninguna Cuenta Pública ha sido aprobada en la Cámara de Diputados. En suma, el presupuesto no habrá de ser algo para emocionarse mucho. Nos va a costar más a los ciudadanos, pero estará mermado, acotado y con escaso margen de maniobra en el año de cierre de la Administración Peña con todo en juego otra vez, sea el asalto del populismo o la continuidad del neoliberalismo.
El Presupuesto que viene
