1.Tras los resultados de las elecciones del 4 de junio, en que si bien el PRI obtuvo un resultado intermedio ganando apretadamente en dos entidades y perdiendo con mayor margen en otras dos, en los círculos de opinión recuperó impulso la discusión en torno al régimen político, que siendo presidencialista, debería reformarse para volver a crear un consenso gobernante mayoritario.
Esto, al menos teóricamente, se logra con “gobiernos compartidos”, por cualquiera de dos vías en un sistema presidencial: integrar gobiernos de coalición o inducir una mayoría artificial mediante el balotaje o mecanismo de segunda vuelta, en principio, para la elección presidencial.
2.El campo del debate se ha dividido más o menos así: en contra del mismo, un sector del PRI y el partido Morena, quienes arriesgan la formación de coaliciones o bloques útiles en su contra en caso de que la ingeniería electoral estuviera por la decantación de los partidos menores para llegar a una eliminatoria finalista entre los dos candidatos más votados.
A favor, por antonomasia, los partidos que se sienten con mayor capacidad para formar coaliciones útiles una vez que se hubieren medido en una primera ronda, para gobernar mejor, como lo cree también un sector relevante en el PRI, o bien, para enfrentar al partido gobernante y a la amenaza populista que representa Morena.
3.En las líneas argumentales para rechazar la reforma constitucional obra, sobre todo, el razonamiento de que el tiempo ideal para realizar una reforma política electoral ha concluido, en una interpretación sistemática de la norma que previene el cambio de leyes electorales con 90 días de antelación al inicio del proceso electoral, lo que sucedió el día último de mayo (Artículo 105, fracción II, inciso h de la Constitución).
En un segundo bloque argumental, se sostiene que tal reforma llevaría dedicatoria para contener al candidato presidencial de Morena, que al ir corriendo en solitario va al frente por el momento en todas las encuestas.
A favor de la segunda vuelta se alude que ayudaría a formar un gobierno con mayor legitimidad de origen, al permitirle superar el inconveniente de una minoría, en la que todos los que se oponen superan casi dos a uno al total de quienes le apoyan. Sobre el gobierno de coalición, lo que más se señala es que, permite agregar gobernabilidad si se logra que quienes integren la coalición tengan precisamente una disciplina de coalición, comportándose como un bloque político.
4.Una tercera vía sería mantener la Constitución en los términos en que se encuentra, que ya prevé la facultad presidencial de optar en todo momento por el gobierno de coalición, y legislar la Ley Reglamentaria del gobierno de coalición para establecer de manera previa la manera en que deberá funcionar un gobierno colegiado (o “gobierno de gabinete” como también se le conoce). Al respecto, en el Legislativo obran, sobre todo, el trabajo académico contratado por la Cámara de Diputados con el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el tiempo del diputado Manlio Fabio Beltrones, así como sendas iniciativas presentadas por el PAN para la segunda vuelta electoral (Marko Cortés) y para la ley del Gobierno de Coalición (Federico Döring en la Comisión Permanente).
5.La diferencia entre uno y otro procedimiento, es que la segunda vuelta atañe a una reforma constitucional, que por serlo podría hacerse en cualquier tiempo con el respectivo transitorio de oportunidad, mientras que el gobierno de coalición ya es constitucional ni su materia es electoral, por lo que cabe en los supuestos del transitorio de vigencia a partir del 1 de diciembre de 2018. Al momento, lo que conviene es lo que ya está en la Constitución, que es esto último.