1.Los sismos que golpearon a México el 7, 19 y 23 de septiembre despertaron nuevamente la conciencia colectiva de la sociedad, que ante la adversidad se organiza, actúa y exige soluciones, mas no la politización en lo que viene, que es la necesaria reconstrucción.
Vimos lo inimaginable: los derrumbes, la angustia y la cuenta de los afectados, como la inmensa solidaridad que todo lo cubre. Vino también el llamado a los partidos y al gobierno para canalizar los recursos de campañas o de la debida austeridad y reacomodo presupuestal a sanar las heridas y reconstruir las zonas afectadas y los patrimonios perdidos por las familias mexicanas. De alguna forma el debate sobre el dinero de los partidos ha servido para encauzar la indignación de una manera concreta, específica, si bien habrá de complicar el escenario de las campañas que se avecinan, pues con qué cara podrían renunciar ahora los funcionarios que deben atender la emergencia por sus aspiraciones políticas.
2.Del recuerdo de 1985 aprendimos que canalizar recursos a través de grupos políticos tiende a exacerbar disputas clientelares y luego por la transición sexenal. Otra forma de encauzar la ayuda inmediata puede ser a través de organizaciones ciudadanas y de organismos especializadas a los que se canalicen directamente recursos y apoyos, sin repetir la experiencia del listado interminable de damnificados ante la promesa de vivienda que hicieran Manuel Camacho y Marcelo Ebrard Casaubón en su tiempo.
3. La reconstrucción puede realizarse a través de instituciones de vivienda como el Infonavit, el Fovisste o el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, que podrían canalizar recursos preferenciales a los afectados por los sismos en su patrimonio. De lo que se trataría es de aplicar los créditos disponibles a la reconstrucción o rehabilitación de viviendas de quienes tienen derecho a ellos y hubieren sido afectados en tanto que los donativos y recursos extraordinarios lo fueran a la infraestructura física, educativa o patrimonio de quienes menos tienen. En Oaxaca, Morelos, Chiapas, Puebla, Edomex o Guerrero algo similar podría hacerse a través de los institutos estatales de vivienda.
4. Los daños causados por los sismos se estiman hasta en 50 mil millones de pesos, con un inventario capitalino de casi cuatro mil edificios dañados, unos 50 de los cuales se derrumbaron. Se cuentan más de 330 víctimas fatales y unos mil heridos, ante lo cual hay una oferta amplia del gobierno para aplicar los recursos contingentes del Fonden y de los seguros de cobertura de desastres y modificar el Presupuesto de Egresos para disponer de recursos adicionales, además de los que podrán venir del Fondo de Reconstrucción previsto por autoridades capitalinas.
5. Más allá de la indignación que suele presentarse ante la incapacidad de cubrirlo todo, la respuesta ante los sismos ha sumado la acción pública a la solidaridad mostrada por la sociedad.
Hay quienes, indignados, suelen imputarle al gobierno, así en general, los males que se presentan, cuando gobierno son los bomberos, los médicos y enfermeras, maestros, socorristas, policías y elementos de las fuerzas armadas que al lado de incontables ciudadanos y brigadistas tuvieron extenuantes jornadas para atender y mitigar los efectos de las catástrofes naturales. Ser o estar indignado es fácil, lo importante es que cada quien haga lo que le corresponde. Hasta los vilipendiados diputados, cuya labor para aprobar el presupuesto es fundamental, se requiere que hagan un buen trabajo para la reconstrucción, ajenos al oportunismo o tentación de cualquier populismo legislativo.