Los últimos días de septiembre ocurrieron dos hechos significativos para el ejercicio del periodismo en Guerrero: se realizó la convención de periodistas y su tema de interés especial, otra vez, fue cómo repartir mejor los 7 millones de pesos que concede anualmente el gobierno del estado; el otro tema fue que la burocracia del mecanismo federal de protección decidió, quitarle la medidas de protección a un reportero de Acapulco, desplazado por alto riesgo desde hace dos años y cinco meses, a pesar de su alta vulnerabilidad. El primer tema es preocupante y el segundo debiera alarmar y concitar la solidaridad.
Comparto los datos que, según mi modesta experiencia ilustran que las y los colegas de Guerrero trabajan bajo asedio: en un ambiente singular de violencia, desprotegidos por falta de leyes e instancias gubernamentales, con muchas carencias laborales y necesidades sociales apremiantes; y que la alternativa, de muchos, ha sido apoyarse en un fondo gubernamentales, sin apreciar que eso facilita la cooptación y disminuye la estima como profesionales de la información.
EL CONTEXTO
Para ubicar algunas de sus condiciones y explicar por qué han salido, voluntariamente o desplazados, algunos periodistas, sirve mucho el documento llamado Evaluación de riesgos de periodistas de Guerrero.
Este trabajo, único en su tipo para Guerrero, fue realizada tras entrevistas personales a reporteros y difundida en marzo de 2015; lo realizaron los expertos Jorge Luis Sierra y Javier Garza, del ICFJ, Celia Guerrero, de Periodistas de a Pie, y Balbina Flores, de Reporteros sin Fronteras.
“El riesgo promedio –se asienta-- de todos los entrevistados es medio, rozando el nivel alto. La violencia y el empeoramiento de la situación en el estado pueden incrementar el riesgo hasta un nivel alto o extremo.
Padecen presiones externas frecuentes para censurar información… De seguridad laboral los niveles percibidos fueron de “Regular y Mala”. En “seguridad digital…el nivel de riesgo es alto en la mayor parte de los casos”. Un medio ambiente así es propicio para agresiones como lo previeron esos especialistas.
Artículo 19 documentó 38 ataques durante el primer semestre del 2015, con lo que ubicó al estado en el primer lugar en agresiones a periodistas a nivel nacional en ese periodo.
La Fiscalía Especial para Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR tiene documentado altos niveles de violencia en la entidad. Su reporte más reciente hasta julio de 2015 indica 11 asesinatos desde el año 2000 (3 en 2009 y 4 en 2010) y un desaparecido (2011) En resumen los reporteros de Guerrero, como concluyen la evaluación “enfrentan de manera cotidiana agresiones verbales o la posibilidad de ataques físicos de parte de autoridades, policías, fuerzas armadas, grupos criminales, activistas sociales, todo desde una precaria situación laboral, con pocos recursos de protección”. Y añado yo, en una atmósfera de violencia social y criminal. Asedio permanente.
CONVENCION SINGULAR
En ese contexto se realizó la Convención anual de asociaciones de periodistas, los días 25 y 26 de septiembre en Taxco. Fuimos invitados como conferencistas Francisco Javier Vidal, especialista en economía y finanzas y este reportero. Rafael Loret de Mola, según se anunció, llegó a presentar su libro reciente “despeñadero”. Lo hicimos. Y observamos.
Supieron que el marco legal para el ejercicio del periodismo es bastante débil frente a las condiciones que padecen. Cuentan con una ley de fomento (sin reconocimiento de derechos profesionales, pero si con un fondo anual de 7 millones de pesos para prestaciones sociales como en ningún otro estado), carecen de una ley o decreto para tener un mecanismo de protección cautelar; el código penal no persigue agresores, tampoco tienen auspicio de buenas prácticas con una ley estatal de periodismo y, tristemente, el rango de organización como periodistas es muy atomizado (en 2014 aparecieron 44 organizaciones) que disputaban los beneficios del fondo Por todo eso es que el tema del Fondo de Apoyo a Periodistas del Gobierno de Guerrero y su continuidad fue el interés común de todas las delegaciones. Se informó que ahora están inscritas 12 asociaciones y que han sido beneficiados directos 445 periodistas, pero hay inconformidad porque el padrón aun incluye a choferes, secretarias y otras personas sin ser periodistas. Quizá eso explique porque llegaron y se anotaron 164 personas, con derecho a habitación y alimentos, pero apenas se contaban 70 en las tres sesiones principales.
En una convención no hay votaciones. Existe una relatoría y allí se identifican los consensos. Entre las pocas propuestas resaltaron del Club de Periodistas y de la delegación de Chilapa; demandan acción de gobierno por la “falta de garantías para el ejercicio” expresan solidaridad con los agredidos y demandan entre otras cosas depurar el padrón y crear una “fideicomiso con poderes y facultades más amplias que las que actualmente tiene el Fondo de Apoyo a los Periodistas, a fin de beneficiar y apoyar a periodistas que por su edad, enfermedad o desempleo”.
De los dos días el periodista Vidal y yo reconocimos la potencialidad de un frente tan amplio de periodistas como en ninguna otra entidad, pero compartimos la preocupación por los pocas propuestas de fondo, frente los riesgos y el asedio que padecen y el énfasis en el Fondo.
REPORTERO DESPROTEGIDO, ALERTA
El 30 de septiembre fue la reunión mensual de la Junta de Gobierno del Mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas de la Secretaría de Gobernación. Se citó allí a un reportero de Guerrero, desplazado desde abril de 2013, gracias a que lo rescató la Marina de un atentado –anunciado por un grupo delincuencial—en Acapulco. Le actualizarían su evaluación de riesgo, a petición de él mismo porque en las semanas recientes notificó posibles acechadores en el segundo refugio del mecanismo que ha ocupado.
En el grupo donde se presentó la reevaluación de riesgo, tres representantes (Segob, Feadle, y CNDH) decidieron, contra la oposición de dos (SRE y Axel Rodríguez del Consejo Consultivo) que no existió el acecho y, además ya le había disminuido el alto riesgo a nivel de riesgo medio. Eso lo pondría fuera del mecanismo, sin las medidas de protección dictadas antes (varias de ellas incumplidas): refugio, ayuda para alimentos, botón de pánico, rondines policiales, ayuda psicológica (que nunca se prestó) y otras.
El dictamen, que yo conocí por petición del periodista, omite valorar el riesgo latente que lo hizo salir de Guerrero, que lo hizo ser rescatado por el ejército en San Luis Potosí donde se había refugiado por omisiones del mecanismo federal, y también omite evaluar si tiene fortalezas suficientes (vivienda y empleo seguros, estabilidad emocional y otros apoyos) para continuar con su vida y su actividad profesional. El dictamen pareciera decir: si lo acechan y lo matan el mecanismo ya no lo tendrá en sus listas de beneficiados. Periodistas de Guerrero.