›La invasión de los derechos de vía en zonas urbanas como una estrategia para ordeñar los ductos de Pemex creció a la par de los permisos que, sin investigar previamente, el mismo gobierno otorgó a la delincuencia organizada para comercializar “legalmente” el combustible robado.
El olor a gasolina los delató. Las alertas sobre una baja de presión en el poliducto Tula-Azcapotzalco, mostraba que estaban extrayendo combustible de manera ilegal. El personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicó el lugar y comenzó un recorrido de vigilancia para encontrar el punto exacto, y sólo fue el hedor a gasolina el que los guió sobre la calle José María Morelos, en el barrio de San Bartolo en Huehuetoca. La toma se encontraba bajo la sala de la familia que habitaba esa vivienda, la cual conectaba con una manguera que viajaba por un túnel a un predio a 80 metros del otro lado de la calle.
Así es como operan los llamados huachicoleros en zonas urbanas donde se han apropiado de los derechos de vía por los que transita la red troncal de ductos de Pemex donde proliferaron las ordeñas. Casas-habitación, bodegas, negocios varios, consultorios médicos y hasta escuelas han servido de fachada para permitir la extracción ilegal del combustible.
Pero esto no es nuevo, ha sido documentado desde hace una década por personal de inteligencia y de logística de Pemex, así como del Ejército, encargados de la seguridad y vigilancia de las instalaciones de la empresa petrolera, sin que hasta ahora se hiciera nada por regularizar estas invasiones a los derechos de vía.
La misma información de inteligencia recolectada y a la que tuvo acceso ejecentral muestra cómo algunos trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) manipulan las cargas de los autotanques entre un cinco y siete por ciento de su contenido, y hasta desvían pipas de su ruta, sin que se hayan iniciado acusaciones penales, porque sus dirigencias sindicales los protegen.
Por si fuera poco, no ha sido el único método que en los últimos años logró engrosar las ganancias de quienes vieron en el saqueo de Pemex un jugoso negocio, pues capos de los cárteles del Pacífico, el Golfo, los Zetas; así como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, entre otras organizaciones criminales, han logrado a través del otorgamiento de permisos y concesiones de las mismas autoridades reguladoras, establecer legalmente empresas dedicadas a la compra, traslado y venta de combustibles. 
Con base en documentos de inteligencia de Pemex, así como con los registros públicos de la propiedad, este periódico pudo documentar cómo es que, a través del aval de las autoridades federales y estatales, no sólo se permitió a capos de estos cárteles incursionar en el negocio del huachicol, sino que se celebraron contratos con estas empresas creadas para el lavado de dinero, las cuales desde 2005 han sido exhibidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de las alertas emitidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, sin que las autoridades mexicanas de la Procuraduría General de la República o del Servicio Tributario (SAT) hubieran iniciado alguna investigación.
Sinaloa, la más expuesta
De acuerdo con los documentos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Culiacán, Sinaloa, donde el Departamento del Tesoro estadounidense ubicó siete gasolineras, entre otra serie de negocios vinculados al Cártel del Pacífico, las cuales están ligadas, de acuerdo a la OFAC a Juan José Esparragoza Gastelum, El Azul, otrora jefe de la organización criminal liderada también por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Este periódico revisó los documentos a través de los cuales se constituyeron las empresas legalmente para la construcción, instalación, establecimiento y explotación comercial de estaciones de servicios (gasolineras) de todo tipo. Entre estas compañías que cuentan con el registro público emitido por el gobierno del estado se ubican: Gasodiesel y Servicios Ancona, S.A. de C.V., Gasolinera El Crucero Las Torres S.A. de C.V; Gasolinera La Cañada, S.A. de C.V; Gasolinera Recursos Hidráulicos, S.A. de C.V; Gasolineras La Villa, S.A. de C.V; Servicios y Gasolineras Barrancos, S.A. de C.V; así como Combuservicios Los Tres Ríos, S.A. de C.V, esta última con fecha de inscripción del 26 de marzo de 2010, en el cual se estable que además de estar certificada para explotar comercialmente hidrocarburos, también puede incursionar en “supermercados, tiendas de conveniencia, fuentes de soda, restaurantes, talleres, refaccionarias, hoteles, casas de cambio y cualquier otro establecimiento de servicios requerido por Pemex Refinación para los diferentes tipos de estaciones de servicio”. La lista de OFAC se difundieron desde 2005 y en los años siguientes. En el registro no existe alguna inscripción sobre alguna investigación que realice la PGR. Incluso, algunas de esas compañía aparecen en el registro de proveedores del gobierno del estado.
Otro caso emblemático que refleja la manera en que se normalizó la incursión de personajes en ámbito de los hidrocarburos resulta el de Juan Manuel El Mono Muñoz Luévano, operador financiero al servicio de Los Zetas, detenido en 2016 España y quien es requerido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico. Este personaje, de acuerdo a los documentos, consiguió que la Comisión Reguladora de Energía permisos para transportar y vender gasolina. Se le otorgaron dos permisos, uno de ellos, por ejemplo, con el número PL/13007/TRA/OM/2016, otorgado por la autoridad federal el 14 de enero de 2016, con una vigencia de 30 años para brindar el servicio de transporte por autotanque para el traslado de gasolina y diésel. La fecha que aparece como ya autorizado, es apenas unos meses antes de ser detenido en Europa. “Este permiso autoriza a Juan Manuel Muñoz Luévano para expender gasolina Magna, Premium y Diésel en la estación de servicio ubicada en Carretera Zacatecas-Saltillo No. 20915, La Encantada, en Saltillo, Coahuila”, señala el documento firmado por Ingrid Gallo Montero, secretaria Ejecutiva del CRE.
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Alternancia fallida
En cada gobierno, el Ejército siempre ha tomado el control de las oficinas de seguridad estratégica de diferentes dependencias, como Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y PGR, entre otras. Esos cargos han sido otorgados a los generales en retiro que coloca el titular de la Defensa o por el pago de servicios prestados al presidente en turno. Es por eso que el deterioro en materia de los servicios de salvaguardia, que por mandato constitucional le corresponde a las Fuerzas Armadas brindar en las instalaciones estratégicas de empresas productivas del Estado como son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, tuvo repercusiones desde antes que el general Eduardo León Trauwitz asumiera esa labor en el marco del repunte del índice de robo de hidrocarburos por medio de tomas clandestinas al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. El encargado de dicha encomienda antes de Trauwitz fue el general de brigada Víctor Manuel de la Peña Cortés, gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex desde 2003. La alternancia llegó a la Presidencia de la República y en la entonces paraestatal Vicente Fox designó al general de brigada Víctor Manuel de la Peña Cortés. Sus credenciales en el área de seguridad lo posicionaban para el puesto, ya que al desempeñarse como comandante de la II Zona Militar de Tijuana orquestó un plan para detener a agentes de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Salud (FEADS), lo que posteriormente derivó en la desaparición de la Fiscalía, según lo reportó el fallecido periodista Jesús Blancornelas. Pero su experiencia no bastó. A principios del sexenio foxista un primer caso mostraría que no tenía ni el apoyo político, económico e institucional para perseguir a los delincuentes. Surgió el tráfico de queroseno desde Estados Unidos, el cual sirve para crear gasolina pirata. De acuerdo con el libro El Cártel Negro de la periodista Ana Lilia Pérez, empresas como Transporte Gor, que fue contratada por Pemex Exploración y Producción (PEP) era una de las implicada en el tráfico de esa materia prima. Un reporte de inteligencia elaborado por el propio general De la Peña puso en evidencia que la empresa División Transporte Gor comercializó en diferentes estados los solventes adquiridos en el Complejo Procesador de Gas Reynosa e importó productos petrolíferos “que de haber existido contrabando, se realizó documentado y con la complicidad de funcionarios de la Aduana de Reynosa, Tamaulipas”. Pero no existió mayor investigación ni mucho menos una denuncia penal. En 2006, Víctor Manuel de la Peña fue denunciado públicamente por Jesús González Schmal, quien aseguró que el general utilizó recursos de Pemex para espiarlo, cuando indagó negocios de la familia Bribiesca Sahagún. Pero este caso no se convirtió en una acusación penal.
Pese al cambio, un incremento
Durante el gobierno de Vicente Fox se intensificaron los trabajos del Grupo de Seguimiento a la Estrategia Integral de Abatimiento al Mercado Ilícito de Combustibles dentro del Consejo de Administración de Pemex. Su trabajo era revisar la información de inteligencia y de operaciones, para diseñar estrategias para su combate. Para 2008, por ejemplo, en la Quinta reunión de trabajo del 21 de noviembre de ese año, se planteó que entonces la pérdida total estimada por tomas clandestinas ya ascendía a 4.5 mil millones de pesos.
En el seno de sus reuniones se reconoce que no sólo se lleva a cabo el robo de combustible de los ductos, sino que desde el interior de la empresa productiva del Estado participan los trabajadores, sin que para ese momento represente un problema grave.
Sin embargo, para 2011 se detectó un incremento en los faltantes de los autotanques y pipas, por lo que se recomendó vigilar diariamente de manera remota con 22 Sistemas de Monitoreo y Control de Terminales (SIMCOT); revisar los reportes de baja de presión, tomas clandestinas y faltantes de volumen de ductos más vulnerados y establecer zonas de prioridad, porque no son reportados como debiera; además de hacer un monitoreo diario de cargas y las descargas de buquetanques, los cuales controla el sindicato.
Todas estas medidas se solicitaba se implementaran para acotar los espacios de riesgo de robo por parte de los trabajadores, pero esto no se hizo, de acuerdo a un reporte interno.
Ningún resultado
El 16 de abril de 2014, en medio del incremento del número de tomas, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó la creación de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE), que dejó atrás a la Gerencia de Servicios de Seguridad Física. A pesar de ser un nuevo órgano que creció, se le dotó de mayores capacidades institucionales y recursos, y se mantuvo en la dirección al general brigadier Eduardo León Trauwitz, el robo de hidrocarburos se disparó y no sólo eso, se comenzó a robar petróleo.
El general incluso dispuso de aviones no tripulados para la vigilancia y contrató tecnología israelí con la que creó un centro de inteligencia más sofisticado, pero fracasó en su tarea y ahora el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo mantiene bajo investigación.
Pese a los cambios estructurales en materia de seguridad el número de tomas clandestinas aumentó 44%, ya que pasó de 3 mil 635 a 5 mil 252, de acuerdo con información de la empresa productiva del Estado. La espiral del robo de hidrocarburos siguió en ascenso.
Aunque se ha pretendido investigar, las pesquisas de la Procuraduría General de la República no han dado con las cabezas del huachicol. En julio de 2009, 10 servidores públicos de Pemex fueron citados a declarar ante la PGR por la apertura de una investigación por el robo de combustible. En ese entonces de 2005 a 2009 se habían contabilizado 489 averiguaciones previas por robo de hidrocarburos en las cuales se habían consignado a 96 personas. El 80% de la gasolina robada tenía como destino las nueve mil gasolineras que en este tiempo operaban en México
Difícil combate
Debido a la explotación que en los últimos años se ha hecho en los derechos de vía donde se alojan las tuberías necesarias para la construcción, operación, mantenimiento e inspección de los ductos que transportan los hidrocarburos, es que ha sido complicado el lograr localizar con precisión los puntos exactos donde se está sustrayendo el combustible, así lo reconoció Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, al referirse a la toma clandestina localizada en el ducto de Tula-Azcapotzalco, ubicada prácticamente, dijo, en la zona urbana del estado de México, en el municipio de Melchor Ocampo.
“Estas personas que se dedican a esto (robo de combustible), también lo hacen en zonas urbanas y esto complica la situación”, dijo Romero Oropeza. Se trata pues, en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la invasión de estos derechos de vía a través de dos tipos de irrupción: las de aquellas personas que no tiene dónde vivir y pone su vivienda en este derecho de vía, y los que se dedican al robo de combustible que ponen bodegas encima de las mismas.
“Esto es lo que estamos enfrentando, por eso nos está costando trabajo detectar dónde está esa fuga, dónde está esa toma clandestina”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa del miércoles 16 de enero.
Responsabilidad Penal
Un análisis del abogado penalista, Gabriel Regino advierte que aquellas empresas, pese a estar legalmente constituidas, como el caso de las utilizadas por los cárteles para lavar sus ganancias ilícitas, tendrán implicaciones derivadas de los cambios contemplados en la ley para sancionar los delitos vinculados al robo de hidrocarburos que se prevén como parte del plan integral anti-huachicol que ha emprendido la actual administración.
Si bien los servidores públicos coludidos y ligados con este delito pueden alcanzar penalidades de hasta 30 años de prisión, toda aquella empresa carente de un sistema efectivo de control que haya previsto que sus operadores compraran combustible ilegal, tendrán que enfrentar responsabilidad penal al haber propiciado la comisión de este negocio ilícito.
“Van a prisión el chofer, el gerente de la gasolinera, pero hay riesgo de los dueños de la empresa quienes también estarán en la cárcel porque el robo de hidrocarburos será delito que implique prisión preventiva oficiosa, en breve será considerado así. La empresa será investigada, acusados de robo de hidrocarburos, lavado de dinero y evasión fiscal y la empresa a su vez, tendrá la pérdida de su libertad y su patrimonio, y por tanto la disolución de la misma”, explicó.
información de inteligencia a la que tuvo acceso ejecentral muestra cómo algunos trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) manipulan las cargas de los autotanques.
11 ductos
vitales para el abastecimiento de combustible en el país están bajo resguardo de las Fuerzas Armadas, tras el operativo lanzado por el gobierno federal.
como medida complementaria al combate a las bandas que roban combustible, el gobierno federal puso en marcha el programa “tandas para el bienestar”, que consiste en créditos a microempresarios.