Antecedentes: Fallas en la investigación de la visitaduría de la PGR da pie a la petición de amparo
En abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dió a conocer graves irregularidades respecto de diligencias practicadas en el Río San Juan -donde, según se reportó, se hallaron los fragmentos óseos que a la postre se identificó pertenecían al normalista Alexander Mora Venancio. Posteriormente, la Visitaduría General de la PGR inició una investigación de control interno. Esta investigación no llegó a buen puerto, pues el titular de la Vistaduría fue apartado de su puesto. Posteriormente, dicho funcionario, revelaría haber recibido presiones para disminuir el alcance de su resolución. En este contexto, la nueva titular de la Visitaduría auspició otra resolución que diluyó la responsabilidad de los funcionarios. Ante esta determinación, las familias de los normalistas presentaron una demanda de amparo indirecto aduciendo violados sus derechos a la verdad y al acceso a la justicia. En su momento, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló en su momento que, a pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, se produjo un viraje “lamentable” que significaba una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa.
Amparo solicitado en diciembre, con resolución en enero: resulta en precedente positivo
Con estos antecedentes, el 12 de diciembre de 2018 se publicó la resolución que otorgó el amparo a las familias misma que les fue notificada en días recientes. Sentando un precedente positivo, la sentencia reconoce el interés jurídico de las víctimas indirectas en este tipo de procedimientos por su impacto en el derecho a la verdad. Asimismo, considera que la resolución de la visitaduría no fue exhaustiva ni congruente y advierte que omitió pronunciarse sobre la trascendencia penal que pudieron llegar a tener las conductas documentadas dada su gravedad. En consecuencia, la visitaduría General de la PGR deberá emitir una nueva resolución para subsanar las fallas y omisiones cometidas. Para las y los familiares de los normalistas desaparecidos, esta sentencia representa una oportunidad para que la nueva Administración Federal revise integral y exhaustivamente las actuaciones de los funcionarios involucrados en la irregular investigación del Caso Ayotzinapa, sin ningún condicionamiento jurídico previo. A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que en este sentido, la sentencia llegó en un momento oportuno, siendo inminente la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, pues puede ser un elemento relevante para romper los pactos de impunidad que han impedido acceder a la verdad. MM