La Procuraduría General de la República (PGR) debe dar a conocer los nombres de los servidores públicos y exfuncionarios investigados en el caso Odebrecht y de quienes han sido citados a declarar por el caso, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Al resolver un recurso de revisión, luego de que la PGR se negó a revelar la identidad de los presuntos implicados, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena destacó que esta investigación es de importancia e interés para la sociedad por implicar presuntos sobornos y corrupción, entre ellos supuestos pagos efectuados el periodo de 2010 a 2014 a funcionarios de Pemex.
En la carpeta de investigación iniciada en México obran declaraciones de servidores públicos y ex funcionarios de Pemex, que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública, asignados al conglomerado brasileño, así como a directivos de dicha empresa, incluido su ex presidente”, señaló Ibarra ante el Pleno.
Durante el análisis de este caso, los comisionados acordaron que para proteger las actuaciones del Ministerio Público federal, la reserva invocada por la PGR prevalecerá respecto de los servidores públicos cuyo testimonio se encuentre relacionado con alguna línea de investigación pendiente de ser agotada o no hayan sido notificados de la investigación iniciada en su contra. La comisionada Ibarra Cadena recordó que se trata de una investigación por corrupción en unos 20 países en donde la firma brasileña pagó millones de dólares para conseguir contratos de obra pública. Explicó que en la carpeta de investigación obran declaraciones de servidores públicos y exfuncionarios de Pemex que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública asignados al conglomerado brasileño y a directivos de dicha empresa, incluido su expresidente. La funcionaria expuso que los órganos constitucionales autónomos tienen una función social dentro del sistema jurídico para equilibrar la arquitectura constitucional; en el caso del INAI, reside en cumplir con la misión de velar por el principio de máxima publicidad en la interpretación del derecho de acceso a la información. Así, subrayó, el sistema constitucional considera que toda información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los órganos del Estado es pública. La PGR clasificó la información como reservada, al considerar que se pueden menoscabar las facultades de investigación del Ministerio Público, lo que originó la inconformidad de la persona solicitante y explicó que con el propósito de contar con mayores elementos para resolver este recurso, se llevó a cabo un requerimiento de información adicional a la Procuraduría, que reiteró la clasificación de cualquier información al respecto. EC
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