Tanta prisa tenemos por hacer, escribir y dejar oír nuestra voz en el silencio de la eternidad, que olvidamos lo único realmente importante: vivir. Robert Louis Stevenson (1850-1894) Escritor británico.
El consorcio Rivada, al cuestionar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que lidera Gerardo Ruiz Esparza, por la licitación de la “súper red” compartida, la dependencia gubernamental respondió de inmediato y ahora le reclama en Estados Unidos a la estadounidense que preside Declan Ganley, en tribunales estadounidenses.
Y, no es para menos. La licitación fue cuestionada por dos factores: filtración de información privilegiada al grupo ganador y el manejo corrupto de un funcionario de la subsecretaria de Comunicaciones.
Rivada, en un comunicado oficial afirma que no pretende desprestigiar al país, ni a la SCT, pero que denuncia a funcionarios menores que intervinieron, según la empresa, en favor de quienes ganaron la licitación.
Ante ello, la SCT emprendió acciones legales en contra de Rivada Networks para reclamar los daños ocasionados por sus señalamientos. Y lo hace en los Estados Unidos, que es donde el consorcio ventiló su demanda, mediante la prestigiada firma de abogados Jones Day, uno de los despachos más reconocidos y respetados en aquel país.
De acuerdo a información de la dependencia gubernamental mexicana, Rivada Networks, fue descalificada por no presentar en tiempo y forma la garantía de seriedad por mil millones de pesos a que los participantes estaban obligados a entregar, de acuerdo a las bases de licitación.
A pesar de ello, Rivada aseguró que el consorcio Altán, que ganó la licitación de la Red Compartida, recibió información confidencial que le dio ventajas para ganar el proceso. Dicha información la proporcionó, según Rivada, por un funcionario adscrito a la subsecretaría de Comunicaciones, encargada de organizar la licitación.
Ganley, denunció ante autoridades mexicanas que sí presentó una carta de garantía de los mil millones de pesos, avalada por BBVA Bancomer y que ocurrieron varios hechos que llaman a acciones gansteriles para evitar que “ganaran” la licitación, ya que empleados que se dirigían a entregar la documentación a la STC, fueron secuestrados y las cajas (que por razones de seguridad se imprimen por separado) de madera pesada estaban vacías.
Sin embargo, de acuerdo a la SCT, dicho funcionario dejó de prestar sus servicios más de medio año antes de la publicación de la convocatoria respectiva. Además, acusó en forma paralela a Deloitte, la firma de consultoría que acompañó a la secretaría de Comunicaciones en el proceso de planeación del proyecto.
Este escándalo movió a varios abogados del gobierno federal, y hacen un seguimiento del procedimiento legal, en el cual se seguirá hasta el final en los tribunales en tanto que Rivada exige que sean investigados a fondo los hechos, tanto por la SCT como las autoridades judiciales mexicanas, y se congelen los efectos del Contrato de Asociación Público Privada con el Consorcio Altán, hasta en tanto se despeje toda duda sobre la causa de descalificación en la que incurrió este último.
Para ello, la dependencia gubernamental mexicana firma que la Red Compartida es la primera Asociación Público Privada en el mundo en adoptar el Estándar de Datos para Contrataciones Abiertas del Banco Mundial.
SCT, tiene que dejar transparente este procedimiento e independientemente de quien gane el procedimiento judicial en EU, ya dejó una mancha en el expediente gubernamental, en materia de transparencia y Estado de Derecho.
PODEROSOS CABALLEROS.- Si quieren atrapar a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas acusado de multimillonario fraude en las finanzas de esa entidad, lo único que tienen que hacer es viajar a San Antonio, Texas, o a sus departamentos en Miami, Florida. Es lo comentan en los círculos de la rancia sociedad tamaulipeca, con la cual todavía tiene contacto el exgobernante.
AL FINAL DE CUENTAS: Gómez Palacio, Durango, municipio presidido por la priista Leticia Herrera, mantiene un nivel de bajo de apalancamiento directo, buena de liquidez y la importancia económica a nivel tanto estatal como nacional. Pese a ello, el otro lado de la moneda ofrece una seguridad pública e incidencia delictiva, que tiene un efecto en el gasto municipal, la generación limitada de ahorro interno, la ausencia de un sistema formal para el pago de pensiones y jubilaciones y las contingencias posibles por el desempeño financiero de los organismos de agua municipales. En materia de deuda, cerró el 2015, con 200.4 millones pesos, nivel considerado bajo de acuerdo a la calificadora Firch Ratings. Esta deuda la forman 4 créditos con la banca de desarrollo, entre ellos un adelanto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Durante el primer bimestre de 2016, fueron liquidados dos créditos. Quedó vigente un préstamo por un monto de 159.6 millones de pesos contratado en 2015 al amparo del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y Banobras 10 por 103.3 millones. En términos generales, la entidad mantiene salud en sus finanzas. vsanchzb@gmail.com Twitter y Facebook: @vsanchezbanos