En México, los militares que violan los derechos humanos gozan de impunidad por fallas en el funcionamiento de la Procuraduría General de la República (PGR), aseguró este martes la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) En su informe, la ONG señala que la PGR “no ha mostrado voluntad para investigar de forma seria y exhaustiva a los soldados que han cometido delitos o violaciones a derechos humanos en contra de civiles”. El reporte “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México” se basa en datos obtenidos por solicitudes de información, y destaca que la gran mayoría de las investigaciones son contra soldados de bajo rango y no a sus superiores jerárquicos, aunque se cuenta con evidencia de órdenes abusivas contra civiles emitidas por oficiales de alto rango que no han respondido por sus acciones. WOLA, que promueve el fortalecimiento del sistema de justicia en las Américas, destaca que las estadísticas le han permitido determinar que entre 2012 y 2016, la PGR inició 505 investigaciones de abusos cometidos por uniformados, la mayoría por tortura y desaparición forzada, pero sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias para esos casos en el sistema de justicia civil, lo que supone una tasa de éxito de 3.2%. “La PGR no ha responsabilizado a los militares por violaciones a derechos humanos”, dijo Ximena Suárez-Enríquez, autora principal del informe. En su estudio, apuntó que esto es particularmente importante dada la insistencia del gobierno en los soldados para patrullar las calles y en que mantengan un papel central en la lucha contra la delincuencia organizada. Del periodo estudiado, el informe halló solo dos casos en los que se investigaron soldados de alto rango.
“Las órdenes de los superiores jerárquicos de ‘abatir’ civiles o ‘tirar a matar’ han ocurrido prácticamente con total impunidad”, señaló WOLA, que halló una “constante” “falta de voluntad” de la PGR para investigar y perseguir estos casos.
En este sentido, remarcó que el Ejército mexicano juega un papel importante en impedir la justicia en casos de violaciones a derechos humanos. Aunque Suárez reconoce que se han realizado reformas legales para que estos casos se investiguen en la justicia civil y no en el sistema militar, concluyó que se necesita “una segunda generación” de cambios para garantizar seriedad y éxito en las investigaciones. DA