Por tortura y detención ilegal, CNDH emite recomendación a la Marina

Tres marinos atentaron contra la seguridad, libertad e integridad e incurrieron en actos de tortura contra un ciudadano en San Luis Potosí (SLP) constató la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por lo que emitió una recomendación al secretario de Marina (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz por violación a los derechos humanos. En la Recomendación 74/2017, deja en claro que el agraviado fue detenido sin fundamento, luego de que no se acreditó que cometiera un delito en flagrancia como argumentaron los efectivos al ponerlo a disposición del Ministerio Público federal. Los marinos dijeron que la detención ocurrió cuando salía de una residencia en un vehículo con personas armadas, sin embargo el testimonio de cinco testigos señala que el agraviado fue asegurado dentro de un restaurante sin orden de aprehensión o en flagrancia que lo justificara, lo que acreditó la detención ilegal. De igual manera, la CNDH comprobó que el personal de la Semar retrasó por 17 horas y media la puesta a disposición de la víctima, ya que lo retuvieron en una casa deshabitada donde lo golpearon, para luego llevarlo al aeropuerto, subirlo a un avión y trasladarlo a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia (Seido) en la Ciudad de México. La CNDH recomendó al secretario Soberón instruir la reparación integral del daño, que incluya atención psicológica; inscribir al agraviado en el Registro Nacional de Víctimas, para que tenga derecho a los beneficios de ley; colaborar en el seguimiento de la averiguación previa que se instruye ante la PGR contra los agentes navales que intervinieron en el caso y en el procedimiento administrativo que se promoverá ante al Órgano Interno de Control de la Semar. Además, se capacite a los servidores públicos de la Marina en materia de derechos humanos, para evitar detenciones ilegales, e instruir al personal médico de dicha dependencia sobre la emisión ética y legal de las certificaciones físicas de personas y el aviso inmediato a las autoridades competentes, así como que acrediten un curso sobre la correcta aplicación del “Protocolo de Estambul”, para verificar o descartar casos de tortura.