Luego que dirigentes del PAN y el PRD se presentaron este viernes a la oficialía de partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el PRI se sumó a la promoción de recursos legales que buscan que el máximo tribunal declare inconstitucional la “Ley Bonilla”, con la que Jaime Bonilla extendería su mandato en Baja California de 2 a 5 años.
El documento del PRI fue presentado por Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del tricolor,quien aseguró “no vamos a dejar que se impongan caprichos de nadie por encima de la ley”.
La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) promovió ante la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la llamada “ley Bonilla”, que pretende ampliar el mandato del gobernador electo en Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.
El documento mostrado a los medios de comunicación a la entrada de la SCJN promueve una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 351 publicado el 17 de octubre de 2019 en el periódico oficial de Baja California, por el que se reforma el Artículo VIII Transitorio de la Constitución local.
La entrega del documento a la Corte fue hecha también por Jaime Martínez Veloz, excandidato del PRD a la gubernatura, así como por los integrantes de la DNE, Adriana Díaz Contreras y Fernando Belaunzarán; éste último consideró que además de la gobernabilidad y estabilidad del país está en juego la credibilidad de la SCJN.
PAN BUSCA REVERTIR EL “BONILLAZO”
Siguiendo la línea dada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, representantes del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC) interpusieron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la llamada Ley Bonilla.
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, informó que desde las primeras horas del día su partido promovió el recurso legal “ante un hecho muy delicado que pretende vulnerar el orden constitucional y democrático, que pretende legislar en la Constitución para una persona y que, además, es el laboratorio para el intento de ampliación de mandato que se puede pretender a nivel federal”.
El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, calificó la ley como una “atrocidad” y “mapachada” contra la cual acudió a interponer la acción de inconstitucionalidad.
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