Pagar tres veces el monto reconocido en México por los casos de cohecho, por lo menos 31.5 millones de dólares como reparación del daño; el impedir que los bienes de sus empresas en México sean embargados, archivar las denuncias penales vinculadas al caso y que las sanciones administrativas en su contra sean eliminadas, fue la oferta que hace unas semanas puso sobre la mesa la empresa Odebrecht a las autoridades mexicanas. A cambio, escribieron sus representantes en el acuerdo, ofrecerán toda la información que poseen sobre las operaciones ilícitas en el país. El consorcio brasileño, explicaron fuentes consultadas por ejecentral, ha presionado en las últimas semanas a las autoridades mexicanas para llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Esto ocurre a menos de dos meses del cambio de gobierno en México, pero también después de haber perdido un tercer amparo con el que trataba de impedir se aplicara a una de sus filiales, la Constructora Norberto Odebrecht, una nueva sanción por dos años y el pago de otra multa por 2.5 millones de pesos. Además de cara al inicio de una demanda civil contra la brasileña, en la que Pemex le reclama el pago de más de 121 millones de pesos por cobros no justificados, más intereses acumulados desde 2014. La propuesta que plantea la empresa sudamericana es legalmente imposible de cumplir en cuanto a eliminar las sanciones administrativas, las cuales incluso han sido combatidas por Odebrecht en juicios de amparo que ha ido perdiendo en los últimos meses. En total, la Secretaría de la Función Pública inició ocho procedimientos y en todos los casos emitió una sanción. A la Constructora Norberto Odebrecht le impuso 4, 2 y 2.6 años de inhabilitación, y una multa por 543.48 millones de pesos. A Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México la sancionó con 2.6 años, así como una multa por 543.48 millones de pesos. Los representantes legales de las filiales también fueron sancionados con dos años y con una multa por más de un millón de pesos, uno de ellos es Luis Alberto de Meneses Wyelll, quien era su director en México y que es la persona que aseguró haber entregado 10 millones de dólares al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a cambio de favorecerlos con una adjudicación directa de obra pública en la refinería de Tula, algo que el exfuncionario niega. Sin embargo, para la PGR es indispensable obtener la información de Odebrecht, para poder someter a juicio a funcionarios y exfuncionarios de Pemex, entre los que podría incluir a Lozoya. Es por ello que la dependencia le ha hecho saber a los representantes legales de la brasileña que esta primera propuesta es imposible de cumplir, pero no ha cerrado las puertas para otra negociación. Y es que después de 22 meses, la procuraduría no tiene pruebas en la carpeta de investigación y tan sólo ha llamado a declarar a 23 personas, de las cuales 10 son servidores públicos de Petróleos Mexicanos, 10 más son exfuncionarios de la empresa productiva del Estado, y tres directivos de Odebrecht, de acuerdo a la respuesta obtenida por este periódico vía transparencia. MAAZ
24 de Abril de 2024