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Redacción ejecentral

El proceso de aprobación del contrato de compra de Fertinal por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) estuvo rodeada de presiones e incluso amenazas, documentó una investigación de la cadena Univisión.

La primera acusación penal que enfrenta el exfuncionario exhibirá el primer entramado de posibles sobornos y operaciones presuntamente ilícitas que causaron un daño patrimonial a la empresa productiva del Estado por 193.9 millones de dólares.

Pemex presentó esta año una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en la que aseguró que según el criterio de expertos consultados, la empresa adquirida en 2015 «se encontraba técnicamente en quiebra desde su adquisición».

Correos y testimonios reflejan que aunque las decisiones se tomaban colectivamente en el Consejo de Administración, Emilio Lozoya no ocultaba su afán porque se concretara la compra.

«Lo peor que me ha sucedido en la vida ha sido formar parte del Consejo de Administración de Pemex. Hubo un acoso constante a los consejeros. Recibíamos mensajes, nos tenían intervenidos los teléfonos, nos investigaron a todos», dijo una persona que integró el Consejo de Pemex.

Varios consejeros que aceptaron hablar con Univisión coincidieron en que la compra sucedió gracias a dos factores clave: una auditoría previa, hecha por la firma de consultoría PWC, que presentó una información irreal sobre el estado de la empresa y la presión directa sobre el Consejo de Administración que ejerció el propio Lozoya y varios colaboradores cercanos.

El exdirector de Pemex encabezaba las reuniones del Consejo cuando se abordaba el tema de Fertinal, e inclusive, en una ocasión cuando se encontraba en Londres, intervino a través de una llamada telefónica ante la postura de los consejeros de que era innecesaria la compra.

«Cuando vio que estaba perdiendo el debate, esta persona le llamó por teléfono a Lozoya, lo puso en altavoz y él personalmente trató de convencernos de que aprobáramos la continuación del proyecto», dijo esta fuente.

Otro de los miembros dijo que recibió una instrucción directa de su jefe directo para que aprobara la valoración del proyecto porque «eran órdenes de Presidencia».

«Es la única ocasión, durante todo el tiempo cuando trabajé en la administración pública federal, que me pidieron hacer algo por órdenes ‘de arriba'», dijo.

La compra de Fertinal se realizó en diciembre de 2015 y Pemex terminó pagando por la empresa 635 millones de dólares.

Entre los principales activos estaban una mina de roca fosfórica en Baja California Sur y una planta de fertilizantes en Michoacán, por esto Pemex pudo haber negociado el valor neto de la compañía en 15 millones de dólares, más sus deudas, por 426 millones de dólares.

«Fertinal tenía la práctica de revaluar sus activos, lo que implicó una sobreevaluación de la empresa, que no estaba soportada en la realidad», establece la denuncia.

El exdirector de Pemex anunció ayer que no acudirá a declarar ante el juez de control que lo requiere porque no existen las garantías legales para llevarlo a cabo.

La decisión pone en riesgo la suspensión definitiva a orden de captura podría quedar sin efecto.EM

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