Un homicida convicto que purga una condena de más de 50 años de cárcel demandó al estado de Connecticut con el argumento de que la prohibición local contra la pornografía en prisión viola sus derechos constitucionales.
Dwight Pink Jr., de 44 años, dijo en su demanda que presentó en julio ante una corte federal que los guardias han utilizado esa política para negarle un libro de arte intitulado “The Atlas of Foreshortening”, que utiliza modelos desnudas para mostrar cómo se dibuja la forma humana.
Pink dijo que la medida infringe sus derechos relacionados con la libertad de expresión y carece de una meta significativa en la prisión.
El estado afirmó en su respuesta que presentó el lunes que la prohibición no ha causado perjuicios a Pink y que ninguno de sus derechos fue violado.
“Cualquier perjuicio o daño, si es que hay alguno, derivó solamente de los propios actos, omisiones o conductas del quejoso, y no de un proceder indebido de los acusados”, escribió el procurador general adjunto Steven Strom.
El Departamento Penitenciario del estado puso en marcha en 2011 la medida administrativa. Esta prohíbe en las prisiones cualquier material que contenga “descripciones gráficas de actividad sexual o desnudez”.
La medida propició que los reos disgustados con la política emprendieran una campaña de envío de cartas y de amenazas de demanda.
La portavoz de la oficina del procurador general, Jaclyn Falkowski, dijo que media decena de demandas fueron presentadas desde entonces para impugnar la prohibición en las cortes federales y estatales. Esos casos continúan en tribunales, agregó.
William Dunlap, profesor de derecho en la Universidad de Quinnipiac, dijo que los tribunales por lo general han fallado a favor de las autoridades carcelarias en este tipo de casos si éstas pueden probar que la prohibición tiene un objetivo legítimo aparte de simplemente suprimir material que alguien pudiera considerar objetable, como mantener la seguridad en las prisiones o impedir que estos materiales lleguen a manos de delincuentes sexuales.
Sin embargo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) en Connecticut manifestó en 2011 preocupación de que la medida pudiera ser utilizada de manera arbitraria y excesiva para suprimir el arte o la literatura.