A pesar de que la economía mexicana ha venido deshaciéndose de su dependencia del petróleo, esta finalidad no ha logrado concretarse con relación al Presupuesto, el que sí cifra su éxito en la colocación internacional del crudo mexicano. Por eso, la caída de los precios internacionales del petróleo obliga, responsablemente, a la necesidad de efectuar una revisión al Presupuesto de Egresos como el Secretario de Hacienda y Crédito Público lo ha anunciado, en especial con la mira puesta en el ejercicio 2016.
La noticia tiene un color gris que resulta desalentador, en la medida en que el ajuste al presupuesto provocará un impacto inmediato en la atención de programas gubernamentales o la ejecución de obras que dependen de recursos del Estado mexicano, fenómeno que trascenderá en contra de la economía de las personas o de nuestra sociedad en un año que, política o electoralmente hablando, resulta fundamental.
A pesar de que se trata de medidas responsables asumidas por quienes tienen el deber de velar por la sana marcha de la economía nacional, la noticia no es fácil de entender para una buena parte de nuestra población. Si se hace el comparativo simplón de lo que sucede al otro lado de la frontera, en la que una economía de libre mercado en el que las empresas petroleras han competido desde su origen ha permitido la disminución del precio de la gasolina, muchos se preguntarán porqué en México no pasa exactamente lo mismo. El ajuste del precio de tan importante insumo produce envidias.
Podría suponerse que si nuestros productores contaran con un carburante más barato, la planta fabril y las actividades industriales y de manufactura podrían echarse a andar más rápidamente y, con ello, provocar un despegue de la economía más acelerado. El problema es que una decisión de ese tipo sería sumamente inequitativa y desventajosa para la gran mayoría de los mexicanos, sólo por mencionar un punto y dejando a un lado la perspectiva ambiental que reprobaría, sin lugar a duda alguna, cualquier política que permitiera una mayor quema de combustible. Un número importante de programas sociales no podrían verse atendidos.
El Gobierno se halla así en la encrucijada de impulsar acciones para no impedir la realización de actividades comerciales e industriales que se ven artificialmente detenidas con la conservación de un precio de la gasolina fiscalmente impactado, y simultáneamente la de no poder disminuir sus ingresos para poder preservar un cúmulo de programas sociales de los que depende la supervivencia de muchos millones de mexicanos.
No existe otra salida en este laberinto sino la de permitir aceleradamente la implantación y puesta en marcha de la nueva ingeniería legal, a través de la cual se permitirá la concurrencia de un conjunto de agentes económicos que, con su participación en el mercado, puedan llevar a la industria energética nacional al estado de competitividad que pudiera ofrecer condiciones de producción y disminución de precios como las que se vienen deseando.
Llama sin embargo la atención el hecho de que la proposición de disminuir el precio de la gasolina, con base en el comparativo hecho con el mercado de los EEUU, proviene de las filas del PAN, quienes a través de la colocación ruidosa de la idea lanzan una plataforma de campaña en la que se apoyan para pregonar el éxito que tuvieron en la administración de la economía a lo largo de los doce años que ejercieron el poder.
Sería válido y justo analizar que, durante el sexenio pasado, el precio del barril de petróleo tuvo un deslizamiento sin precedente en la historia, que permitió a la administración calderonista aplicar un subsidio a las gasolinas para que las familias mexicanas no tuvieran que pagar el precio real que al combustible le correspondía. Una intervención del Estado en una actividad primordial que es similar a la que hoy, en sentido inverso, se pretende erradicar.
¿No acaso los gasolinazos han venido a ser, al final del día, la aplicación de una política de deslizamiento paulatino del precio de la gasolina, que persigue eliminar el subsidio artificial otorgado a lo largo de esos años a favor de la gasolina y el diesel?
En esta época electoral, cómo haría falta que alguien explicara cuál ha sido el manejo real de la administración financiera del Estado alrededor del precio de la gasolina. Presentar a los responsables de la administración financiera de los recursos obtenidos por el sobreprecio histórico del petróleo a finales de la primera década de este siglo, así como a los responsables de hacer frente al descalabro que produce la caída estrepitosa de dicho recursos en los mercados internacionales. ¿Qué cuentas han de rendir unos y otros? ¿No así sería más válida la información con la cual se nutrirían las boletas electorales?