La aprobación del presupuesto, con mucho una de las funciones trascendentales de todo Congreso, tiene siempre nombre, apellido y domicilio en el servicio a los ciudadanos.
1.- Aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, dando una respuesta clara de funcionalidad del Estado mexicano en un momento de dificultades y exigencias ciudadanas debido a la crisis de seguridad que se ha vivido en el estado de Guerrero. Con ello la Cámara cumplió con responsabilidad al garantizar la solidez de las finanzas nacionales y disponer el buen uso de los recursos públicos para impulsar el crecimiento con justicia que es demanda de todos los mexicanos. Así, en palabras del diputado Manlio Fabio Beltrones, los legisladores le han cumplido nuevamente a todos, pero sobre todo, a México. En el mundo, el contexto internacional es de volatilidad e incertidumbre. Los distintos organismos financieros internacionales advierten de la desaceleración de la economía global, en donde la zona Euro se encuentra estancada y prácticamente en recesión, con el sudeste asiático creciendo a medias tasas y las naciones de América Latina reduciendo sus perspectivas. A ello se agrega la caída internacional de los precios del petróleo, que motiva la alegría de las naciones consumidoras, pero obliga a la cautela a las naciones dependientes de los ingresos petroleros, entre las cuales aún nos encontramos. Los ingresos petroleros aún significan un tercio de los recursos fiscales. Hace apenas seis meses, el precio del barril era 30% superior a lo que es hoy, situándose en unos ¡70 dólares! el valor de la mezcla mexicana en el mercado. Ante ello, conforme le aprobaron los diputados, la SHCP contrató coberturas a 79 dólares el barril, con lo que asegura la estabilidad en los ingresos tal y como fueron ajustados por el Congreso a ese precio. El presupuesto de Egresos de la Federación tiene que ver con todo lo que hacemos los ciudadanos, pues hace funcionar servicios y espacios públicos, así como establece la viabilidad de las políticas públicas nacionales, estatales y municipales. Como diría Perogrullo, si no hay presupuesto no pasa nada: ni las escuelas, los hospitales, las carreteras, comunicaciones y demás funcionalidades que se necesitan en la vida cotidiana. En particular, el presupuesto para el año entrante asegura un gasto total por 4.694 billones de pesos en el cual los menores ingresos petroleros previstos fueron compensados por el crecimiento de la recaudación de impuestos así como por el programa de economías y austeridad establecido en el mismo. De esta forma, el presupuesto de Egresos garantizará los deberes del Estado en cinco grandes ejes: uno, la promoción del crecimiento económico y la generación de empleos, persiguiendo los objetivos oficiales de crecer un punto más en 2015, a una tasa del 3.8% y otro punto más para 2016, llegando a 4.9%; dos, lo anterior implica ponerle dinero a las reformas estructurales, es decir, invertir recursos públicos en el desarrollo de las telecomunicaciones y el mercado nacional de energía, en el que habrán de actuar las nuevas Empresas Productivas del Estado en que se han convertido Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. El tercer objetivo, es el de profundizar el combate a la pobreza y la desigualdad, canalizando más recursos a lo que realmente incide en un cambio estructural de este problema: en educación de calidad; servicios de salud pública y mayor eficiencia del programa de combate a la pobreza, denominado Prospera, que ahora tiene un componente productivo y de apoyo a la transformación cualitativa del entorno en que se encuentran aún siete u ocho millones de familias. El cuarto rubro de relevancia es el de la seguridad pública, a la que en conjunto habrán de destinarse 190 mil millones de pesos. El quinto gran rubro, es el apoyo al Federalismo, a los Estados y regiones, que fortalece las haciendas estatales y municipales aún cuando todavía en el Senado no se aprueba la reforma para la disciplina financiera y el correcto manejo de la deuda pública. Como se dijera en tribuna, la aprobación del presupuesto, con mucho una de las funciones trascendentales de todo Congreso, tiene siempre nombre, apellido y domicilio en los ciudadanos. Lo que en él se determina afecta no sólo el bolsillo, de donde provienen los impuestos, sino también la calidad de vida obtenible, al proveer los recursos para que funcionen los servicios y políticas públicas, que significan escuelas, médicos, enfermeras, servicios de seguridad –que, dicho sea de paso, en donde han fallado ostensiblemente es en Guerrero, no en el resto del país--, jueces, legisladores, embajadores y toda suerte de servidores públicos. Se dice fácil, al enjuiciar severamente el desempeño de los servidores públicos, que éstos son gravosos y prescindibles; pero ninguna sociedad humana podría pensarse sin servicios y políticas públicas. Las fallas de algunos de ellos no pueden trasladarse en automático al conjunto; en todo caso son eso, fallas de algunos que de ninguna manera significan la falla del conjunto. 2- Artículo VI del Fondo Monetario Internacional Como corresponde a todo Estado miembro del sistema internacional, nuestro país es integrante del Fondo Monetario Internacional. Cada año, este organismo financiero evalúa las políticas financieras y económicas y emite algunas recomendaciones que suelen tener efectos en la política económica a seguir, que se conoce como el Artículo IV del FMI. En este sentido, la evaluación del desempeño reciente de nuestro país es más que aceptable, al considerar el FMI que las reformas estructurales recién aprobadas por el Congreso habrán de compensar con creces los riesgos fiscales que el país asumió para conseguirlas. Esto es, si se recuerda, en la reforma hacendaria del año pasado se estableció una apelación al déficit por algunos años, misma que habrá de desaparecer en el ejercicio fiscal del 2016. Así, en 2014 el presupuesto de egresos tuvo un déficit del 1.5%, en el de 2015 habrá de tenerlo de 1.0%, mismo que llegará al equilibrio cero en el presupuesto del 2017. En el presente ejercicio del 2014, los directivos del FMI mostraron su confianza en que el desarrollo de la política económica del país aunado a una línea de crédito flexible que la organización establece para México por 76 mil millones de pesos, son fundamentales para solventar los riesgos de la actual volatilidad internacional. La recuperación observada en la economía mexicana, que no obstante las restricciones externas observadas aún se expande, hacen razonable esperar que el crecimiento para este año será de un 2.4%. La deuda externa como porcentaje del PIB será del 35%, cifra comparativamente muy baja con otras economías del mundo. El total del gasto público también como porcentaje del PIB es del 26.3%, siendo los ingresos públicos un 22.1% del PIB. En lo que se refiere al crédito bancario del sector privado a actividades productivas, éstos se han incrementado al 9.7% del PIB. Respecto a la situación estatal, la recomendación del FMI es la de fortalecer el monitoreo y control de las finanzas públicas estatales y municipales para evitar el crecimiento desmesurado de las deudas locales. Por lo anterior, la implementación de las reformas estructurales con fortaleza y constancia, dice el FMI, son piezas clave para aumentar la productividad y el crecimiento del PIB en un periodo de tiempo corto. Al respecto, los medios financieros internacionales, no obstante deplorar la fragilidad del Estado de Derecho en México, no dejan de subrayar el valor de oportunidad que representan las reformas estructurales, que podrían agregarle entre 2 y 3 puntos adicionales al crecimiento del PIB una vez que estén plenamente implementadas. El desafío hoy es la justicia, la capacidad del Estado para cumplir la promesa de seguridad a los ciudadanos, así como sostener la vigencia de las leyes y la prevalencia del Estado de Derecho.
3.- Fallas de Estado En el mundo, el caso Iguala mostró el horror del crimen que el narcotráfico prohija. El Papa Francisco así lo definió en su mensaje de solidaridad, señalando las fallas en la seguridad pública pero imputando la responsabilidad de los crímenes a quien la tiene, que son los criminales. En otros temas globales, por ejemplo, en el cambio climático, se ha generado un sentido de responsabilidad en todo el mundo, de manera que quien depreda el medio ambiente en cualquier zona del planeta adquiere responsabilidad con los efectos que su actividad está generando en otros. En el caso del narcotráfico no es la excepción, pues es la demanda de enervantes en los países de muy alta capacidad de consumo lo que está generando crímenes aberrantes en otros países, productores o de tránsito. Ello define la imposibilidad de ganar esa cruenta guerra contra los cárteles de la droga, pues si el mercado existe fuera de las fronteras nacionales, las armas se venden también allá, el dinero ilícito se puede manejar y blanquear en los paraísos fiscales existentes y, todavía más, el consumo de drogas “con fines recreativos” se está legalizando, resulta equivalente a que en el esfuerzo por controlar las emisiones de gases de invernadero, en vez de establecer límites o restricciones se pusieran incentivos en el sentido contrario. No fue el Estado mexicano el que dispuso la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero, ultimados e incinerados en el vecino Cocula según las evidencias periciales y forenses, aún cuando el Estado mexicano es responsable solidario conforme a los principios del derecho internacional humanitario, al registrarse una falla en la seguridad pública, que es uno de sus deberes fundamentales con la ciudadanía. No es, por tanto, un responsable imputable, si bien es su obligación el responder a los ciudadanos, remediar el daño en la medida de lo posible, adoptar las medidas que eviten la repetición de lo acontecido, establecer el orden, capturar y castigar a los criminales. El grupo criminal, perpetrador del secuestro, desaparición y presumible muerte de los 43 normalistas, ha sido capturado y se encuentra tras las rejas, tanto los que organizaron el levantón como quienes los trasladaron y dispusieron, así como también los responsables intelectuales, en este caso la pareja criminal que se apoderó de la Presidencia Municipal, quienes habrán de enfrentar a la justicia con todo el peso de la ley. Hay un nuevo gobierno en el estado de Guerrero, que busca restablecer la credibilidad institucional y construir una interlocución con la sociedad agraviada y con quienes estarían buscando el derrumbe de las propias instituciones queriendo aprovechar la dolorosa coyuntura para llevar agua a otros molinos de la lucha contestataria o anarquista. Sembrar el odio y la violencia pone a prueba al Estado, responsable de sus fallas, las que indudablemente tendrá que reparar para devolver la seguridad perdida en tantos años de lucha contra los cárteles de la droga. Sin embargo, para tener éxito en el largo plazo, siendo el narcotráfico un problema global, deberá considerarse en una solución integral el componente de responsabilidad internacional, que siembra de muerte y horror el largo camino desde los centros de producción de drogas hacia los lugares donde se consumen. 4.- Fallas de Democracia Las jóvenes democracias latinoamericanas, que se desempeñan en un contexto de enorme desigualdad y pobreza, han creado sistemas electorales competitivos más o menos eficaces, que permiten renovar los órganos del gobierno de una manera periódica, regular y abierta. Son ya pocos los países del área que no renuevan democráticamente a los depositarios del poder. Sin embargo, ante el creciente poder económico y paramilitar de los cárteles de la droga, la democracia se enfrenta a nuevos desafíos. Las campañas electorales y los procedimientos internos de selección de candidatos pueden ser fácilmente capturados en sus etapas de arranque, mediante la coacción o el dinero sucio (esa ley infame de “plata o plomo” que permite doblegar autoridades y dominar territorios, tanto más cuanto menos desarrollados estén). La democracia mexicana no es la excepción. No obstante el desarrollo institucional observado para otorgar autonomía al órgano electoral, organizar los comicios y establecer equidad y credibilidad en la emisión y el conteo de los votos, no es posible afirmar lo mismo en los casos de los procesos internos de selección de candidatos como tampoco en la simulación y captura de los mismos. El caso Iguala, en donde un José Luis Abarca pudo contar con el apoyo de los principales jerarcas de las izquierdas, desde el PRD, PT y Movimiento Ciudadano hasta el apoyo del señor López, cuyo delfín para la gubernatura guerrerense, Lázaro Mazón, es también integrante de la fórmula Abarca para generar dinero sucio aplicado a los procesos electorales, es prueba precisamente de lo anterior. Es decir, en el diseño de la democracia institucional mexicana se ha puesto especial cuidado en garantizar la legalidad, autonomía y ciudadanización del proceso electoral, pero no así en la selección de los candidatos y la realización de los procesos internos, que pueden ser fácilmente capturados por los grupos criminales. ¿Qué hacer entonces? La vida interna de los partidos tiene amplios márgenes de libertad; en tanto organizaciones de interés público, son regulados por la ley electoral (Ley General de Partidos Políticos), la cual, sin embargo, no incluye disposición alguna que permita verificar la honestidad de los aspirantes a cargos de elección popular o la procedencia de los recursos que suelen aplicar a las campañas, no obstante la existencia de regulaciones financieras al respecto. Esta situación propicia fallas de la democracia, pues la mayor competitividad y alternancia en los distintos niveles electorales, en realidad generan zonas de opacidad cubiertas con glamour y carretadas de dinero, a la manera de los Abarca. Es responsabilidad de las corrientes de izquierda que le apoyaron, tanto de los liderazgos de la tribu de “los Chuchos”, como de Morena, vía Lázaro Mazón y de éste al señor López. Pero, si de cerrar la puerta a narcos o su dinero sucio se trata, debiera regularse aún más la vida interna de los partidos, a efecto de que los candidatos estuviesen obligados a cumplir algunas pruebas de confianza, con límites precisos al uso de recursos económicos. En otros países, como Francia u Holanda, los procesos internos y precampañas también están reguladas por los órganos electorales profesionales, estableciendo tiempos y modalidades precisas para realizar actividades de proselitismo, que no pueden de manera alguna abrumar a la ciudadanía. Son campañas cortas, transparentes y con estricto y limitado financiamiento público. Acá, lo que tendríamos que hacer es que, quien quiera ser candidato, debiera someterse a un estricto escrutinio público y no poder utilizar más dinero que el financiamiento que le fuera otorgado por la autoridad electoral y, claro está, nada de precampañas largas o anticipadas. Ya basta de que quien ocupa un cargo público, tan sólo llega al mismo ya está pensando en otro puesto, lo que condiciona totalmente su desempeño en el cargo actual. 5.- Elecciones en 2015 Enfrente, en lo inmediato, se encuentra el proceso electoral federal intermedio de 2015 y las 17 elecciones locales concurrentes, nueve de las cuales incluyen la renovación del titular del Ejecutivo local. Ya el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, ha advertido del riesgo que significa la suplantación de la democracia por los señores de la droga y el dinero ilícito en las campañas. Los partidos, al menos declarativamente, se han mostrado dispuestos a blindar los procesos electorales, sin embargo, el riesgo de la simulación sigue siendo elevado. ¿O alguien hubiera podido imaginar hace apenas 45 días, que un Lázaro Mazón, aspirante de la izquierda morenista al gobierno de Guerrero, estaría implicado con la infernal pareja criminal de Iguala? ¿Y que como tal todavía estaría intentando asumir la candidatura de Morena en la entidad? ¿Y en el PRI? ¿Y en el PAN? ¿En los otros minipartidos? ¿Las candidaturas independientes? ¿Cómo podrían blindarse las candidaturas? No serían una mala idea los observatorios ciudadanos, que contribuyen a disminuir la opacidad, cuyas indagatorias debieran ser seguidas de oficio por la autoridad competente. En los próximos días la sociedad mexicana estará asistiendo a procesos internos de selección de candidatos en todos los partidos políticos. Algunos de éstos serán abiertos, con participación ciudadana; otros habrán de ser cerrados y habrá hasta cupulares, mediante designación directa. En realidad, todos los procesos internos de selección de candidatos debieran ser abiertos, sometidos al escrutinio público y contando hasta con la realización de indagatorias o dictámenes de la autoridad en los casos en que hubiera dudas razonables o probatorias de vínculos sospechosos. El problema, como en todo, sería el sacrificio de algún grado de libertad, como lo es el derecho a la privacía, en aras de la seguridad, que permitiera que los aspirantes a puestos de elección popular o del servicio público fueran, en el origen, ajenos a organizaciones criminales. Ahora, como nunca, la sociedad requiere estar al pendiente de lo que sucede al interior de los partidos políticos y debiera exigir que los procesos internos se realicen con transparencia, en la luz y con pleno escrutinio público.