Procesan por sedición al exjefe de la policía catalana

MADRID, España.- La jueza española que instruye el papel de la policía regional catalana en la tentativa de secesión del año pasado procesó por sedición al excomandante de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, indicó el tribunal. El cargo de sedición es pasible de 15 años de prisión. En un auto publicado este jueves, la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, notifica el fin de su instrucción sobre el papel de los Mossos en una manifestación independentista en Barcelona, el 20 de septiembre pasado, y también en el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre. En el documento, Lamela expuso sus argumentos para procesar a cuatro altos responsables de la policía, una decisión que todavía puede ser apelada. Según la juez, Trapero, el exdirector de los Mossos, Pere Soler, y el exsecretario general de Interior del gobierno regional catalán César Puig, al igual que la exintendente de la policía catalana, Teresa Laplana, actuaron en el marco de una “estrategia premeditada y perfectamente coordinada” con el objetivo de proclamar una república catalana independiente. Lamela considera que los cuatro son sospechosos de pertenecer a una “organización criminal jerarquizada”, que tenía “en la cúspide” al entonces presidente catalán Carles Puigdemont, acusado de rebelión y actualmente detenido en Alemania a la espera de que se resuelva el pedido de extradición de España. La magistrada asegura que la policía regional catalana no respondió a las llamadas de ayuda de los agentes de la Guardia Civil española, que se encontraban registrando por orden judicial un edificio del ejecutivo separatista catalán el 20 de septiembre. Dichos agentes no podían salir del edificio debido a la presencia de una masa de miles de independentistas agolpados a la entrada. En cambio, Trapero habría intercambiado 17 llamadas telefónicas con uno de los organizadores de la manifestación, Jordi Sánchez, por entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una asociación separatista. El 1 de octubre, añade Lamela, los Mossos se guardaron de impedir el referéndum de independencia, pese a la orden judicial emitida en ese sentido, que incluía la instrucción de precintar los colegios electorales. La jueza observa que algunos policías catalanes hicieron acto de presencia con tres horas de retraso respecto al horario previsto, y otros sólo se incautaron de las urnas al final de la votación, cuando las papeletas ya habían sido contadas. Algunos incluso habrían sido encargado de espiar a las fuerzas de seguridad nacionales, controladas por el gobierno central de Madrid. Lamela se ocupa del capítulo policial de la investigación sobre el intento fallido de secesión. El caso relativo a los dirigentes independentistas está en manos del Tribunal Supremo, donde el juez instructor Pablo Llarena acusa a 13 destacados separatistas de “rebelión”, un cargo pasible de hasta 30 años de cárcel. DA