En México no existe una política de gestión integral del riesgo, a pesar de las experiencias sufridas con huracanes, terremotos y amenazas latentes con volcanes, por mencionar las más conocidas. Pero en realidad, como sostienen los expertos, es un país con una elevada vulnerabilidad social, económica, política, cultural y, lo más sorprendente, institucional.
Hace tres meses, un grupo de verdaderos expertos elaboró un documento denominado El futuro de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres en México: una visión de política pública desde la Academia, cuyo objetivo fue incrustar en el nuevo gobierno el tema como un asunto de altísima prioridad.
Nos hemos acostumbrado a pensar que siendo un fenómeno natural en consecuencia la pérdida de vidas, de bienes y los daños a la infraestructura, es casi inevitable, digamos que casi natural. Pues no, es totalmente falso y es aquí donde los expertos son contundentes: “los desastres no son naturales, sino socialmente construidos”.
Esto significa que la irresponsable actividad humana provoca que los fenómenos físicos o naturales se conviertan en una amenaza y luego en un desastre, y hay que aprender a quitarle la palabra “natural”. En México las autoridades dejaron de lado verdaderos proyectos de desarrollo urbano y crecimiento poblacional en armonía con el medio ambiente a cambio de una atropellada necesidad de inversión y en muchos de los casos por corrupción.
¿Qué es lo que visualizan los expertos? Demasiados elementos y todos ellos vinculados directamente a la ausencia de instituciones sólidas y de una visión de Estado, así como a la falta de construcción de una cultura de prevención: la inexistencia de una política de ordenamiento territorial; vulnerabilidad de la vivienda popular por falta de mantenimiento y conservación, y el alto grado de deterioro ambiental en todo el país, entre otros elementos.
Es decir, a 33 años del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, a cinco años de Ingrid y Manuel en Guerrero, y a un año de los terremotos que causaron daños en Oaxaca, Puebla, Morelos y Ciudad de México, por mencionar sólo algunos eventos, queda demostrado que el Sistema Nacional de Protección Civil (que nació en 1986) en México ha fracasado. Lo peor es que los expertos advierten que “la evidencia muestra que los niveles de riesgo en el país continúan aumentando, así como los daños y pérdidas por desastres”.
Por ejemplo, existe una muy moderna Ley de Protección Civil, pero es letra muerta. El año pasado ninguna de las autoridades, ni delegación ni gobierno central, tenía los planos disponibles de inmediato de las construcciones de la Ciudad de México que se derrumbaron o tuvieron daños graves, algo indispensable para el rescate de personas. En la mayoría de los casos nunca se encontraron esos documentos o los que sí estaban eran distintos a las construcciones reales. Esto a pesar de que es un requisito que exige esta ley y varias normas, la razón, la corrupción en sus diversas formas.
Para los expertos, en el caso de la ley, aunque se centra en el concepto de la Gestión de Riesgo de Desastres es “relativamente consistente, no obstante, el mayor problema es su incipiente reglamentación y, más importante, su implementación y falta de rendición de cuentas, lo que abre la puerta a la discrecionalidad, opacidad, impunidad y corrupción, y refleja el incipiente Estado de derecho que caracteriza a nuestro país”.
El documento recoge 30 recomendaciones generales que transitan por tres ejes: del Sistema Nacional de Protección Civil; las políticas públicas transversales esenciales para la Gestión Integral del Riesgo de Desastre, y en torno a la normatividad.
Al revisar estas propuestas queda claro que la nueva administración no sólo debe auditar a Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, y de cada uno de los gobiernos estatales y municipales; y que se tome en serio el tema.
La mala noticia es que se pretenden llevar el área de Protección Civil a la nueva Secretaría de Seguridad, lo que de entrada no sólo habla de la corta visión que se tiene, porque se sigue pensando en un esquema reactivo y no en prevenir. Esta área tendría que contar con el nivel y capacidad de coordinar la agenda preventiva y de atención con las secretarías de Gobernación, del Trabajo, de Medio Ambiente de Desarrollo Agrario, Desarrollo Social, de Educación, de Agricultura, Comunicaciones y Transportes, de Salud, del Defensa, Marina y Seguridad. Y debe encabezarlo alguien con conocimientos, experiencia y determinación.