Luis León y Jonathan Nácar
Utilizaron 18 empresas fantasma y a 12 dependencias del gobierno de Veracruz, para construir el entramado que les permitió desviar 502 millones de pesos sólo en 2014. La fachada: gastos de “promoción y publicidad” del gobierno de Javier Duarte.
La operación fue sencilla y crearon un patrón: pagaban facturas, en total 348, que emitían las compañías —ninguna de ellas con algún contrato con el gobierno del estado—, sin registro y sin comprobar los supuestos servicios prestados. El expediente muestra cómo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró deshilvanar las operaciones y confirmó que las 18 empresas funcionan como fachada y causaron un daño al erario en 2014, en específico en la gestión de Alberto Silva Ramos al frente de la Coordinación de Comunicación Social de la entidad.
Silva Ramos se convirtió en el hombre de mayor confianza del entonces mandatario local, se mantuvo a su lado hasta el último día y a quien Duarte quería colocar como su delfín en el gobierno.
El ahora diputado federal por el PRI renunció a su cargo en el área de Comunicación en octubre pasado. De los contratos que firmó en 2014, por 502 millones 571 mil 434 pesos, que supuestamente se ocuparon para los conceptos de promoción y publicidad, 75 millones quedaron pendientes de cobro ese año, mismos que Alberto Silva intentó recaudar a su regreso a la Coordinación de Comunicación en abril de 2016, pero no lo logró porque ya habían comenzado a ser públicas las operaciones ilícitas de su exjefe y amigo, Javier Duarte.
Cuando Silva Ramos era secretario de Desarrollo Social de Veracruz, publicó 45 licitaciones que fueron todas adjudicadas a la red de 18 empresas, en 2013, firmados todos los contratos en su mayoría por el director jurídico de la dependencia, Juan Carlos Rodríguez, y su jefe administrativo, Humberto Benítez Pérez, ambos colaboradores cercanos a Silva desde que fue alcalde de Tuxpan en 2010. 
Anzara S.A. de C.V. es el nombre de una de las empresas que coincidieron en la obtención de contratos durante la administración de Silva en Sedesol en el 2013 y en la Coordinación de Comunicación. En ese entonces la compañía vendió al gobierno veracruzano blocks y arena.
Para 2014, la misma Anzara ofreció nuevamente sus servicios al gobierno, pero cuando Silva Ramos era coordinador de Comunicación, la empresa consiguió contratos por más de 33 millones de pesos, sólo que ya no vendía material de construcción, sino era especialista en servicios de difusión. ES DE INTERÉS GRÁFICO | La trama de Duarte que derivó en saqueo VIDEO | Suegros de Duarte se mudan a Chiapas Transición arranca en Veracruz Cercan a Duarte: Congelan cuentas y bienes Duarte huyó por Belice Pilotos revelan que Duarte iba a Chiapas GRÁFICO | Los funcionarios artífices del desvío de Duarte FOTOS |Los lujos del rancho de Duarte en Valle El desastre financiero de Duarte en 2015 GRÁFICO | La gran familia veracruzana de Duarte
Esa misma operación se repitió con la mayoría de las 18 compañías que conforman la red. La Secretaría de Seguridad Pública fue la dependencia que pagó más por servicios no recibidos, pues en el año fiscal de 2014 facturó en 39 ocasiones a 15 diferentes empresas de esta red por un monto de 54 millones 423 mil 278 pesos.
En esas facturas aparece un pago por 139 mil 200 pesos a Gabriel García Esquivel, reportero, locutor y columnista de La Crónica de Tierra Blanca, Veracruz y quien ha solicitado la protección de Reporteros Sin Fronteras, la Fundación para la Libertad de Expresión y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por un conflicto con la diputada local Elena Zamorano Aguirre. 
En un año el reportero facturó 556 mil 800 pesos del gobierno estatal.
El expediente, al que ejecentral tuvo acceso, confirman que la segunda dependencia con más operaciones aparentemente ilegales es la Secretaria de Gobierno, que emitió 35 facturas pagadas a 13 empresas por 41 millones 78 mil 690 pesos y 139 mil pesos a Gabriel García Esquivel. La Secretaria de Turismo y Cultura facturó en 34 ocasiones a favor de 14 diferentes empresas por un monto total de 51 millones 238 mil 966 pesos; y con el mismo número de cuentas se colocó la Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, con desembolsos a 16 empresas por la cantidad total de 48 millones 474 mil 661 pesos.
La Secretaría de Desarrollo Social no se quedó atrás; pagó 32 facturas a 15 de esas empresas fantasma por 50 millones 78 mil 969 pesos. La Procuraduría General de Justicia del estado sumó 26 importes pagados a 11 empresas por un monto de 36 millones 401 mil 200; la Secretaría de Protección Civil hizo 31 pagos a 13 empresas por 46 millones 265 mil 400 pesos; Secretaría de Medio Ambiente con 25 cuentas pagadas a 12 empresas por 39 millones 612 mil 422 pesos, y la Secretaría de Educación que pagó 34 facturas a 14 empresas por un monto de 47 millones 739 mil 322 pesos, y en estas cuentas aparece otro pago a García Esquivel, por 139 mil 200 pesos.
En la serie de dependencias contratistas también está la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesca con 26 facturas pagadas a 13 empresas, por un monto de 38 millones 745 mil 604 pesos; la Secretaria de Salud con 30 pagos a 15 empresas por un monto de 47 millones 836 mil 222 pesos, y vuelve a figurar un pago más a nombre de Gabriel García por 139 mil 200 pesos . La Secretaría de Comunicaciones del Estado realizó pagos por de 676 mil 700 pesos a dos empresas. En todos los casos los pagos efectuados en 2014 fueron bajo el concepto de “publicidad”.
Quienes son las beneficiarias
Las 18 empresas más beneficiadas por el gobierno de Javier Duarte fueron: Saervizios Oktagonales con 75 millones 479 mil 200 pesos; Publicidad Akkira con 69 millones 828 mil 268 pesos y Merca Carrey con 65 millones 176 mil 920 pesos. También Marvercarr con 39 millones 949 mil 80 pesos; Desarrolladores Mercalim con 39 millones 525 mil 300; Centro de Recursos de Negocios Cerene con 33 millones 449 mil 147 pesos; Anzara con 33 millones 406 mil 985 pesos, y Carrirey con 19 millones 140 mil pesos. Después de una revisión en los reportes fiscales y documentos oficiales de cada una de las 18 empresas, el SAT concluyó que todas habían sido constituidas como fachada para desviar recursos públicos con operaciones aparentemente legales.