La campaña de José Antonio Meade tiene en el descrédito su principal obstáculo. Déficit de credibilidad que tiene origen en un sexenio errático, ineficiente y corrupto, legado del gobierno de Enrique Peña Nieto y el “nuevo PRI” y en la desconfianza que genera un funcionario con una trayectoria amplia pero marcada al menos por omisiones.
Los estrategas que pensaban que para ser competitivos bastaba con enseñar el petate del muerto del populismo, presentar al candidato como un “ciudadano” y destacar sus capacidades técnicas, descubren una realidad política muy diferente. A pesar de la cargada partidista y el despilfarro de recursos, la campaña no termina por despegar y afloran dudas sobre lo que puede crecer un candidato sin carisma que carga con el lastre de un gobierno repudiado.
El dilema de Meade en la construcción de su narrativa, a partir de su decisión de presentarse como heredero y paladín del peñanietismo, quedó en evidencia durante su visita a Veracruz, entidad que se ha convertido en epicentro de la corrupción nacional luego del gobierno de Javier Duarte.
Ante la necesidad imperiosa de vacunarse ante los ataques inminentes, el candidato señaló que a los priistas “nos duele profundamente que Javier Duarte nos haya traicionado con la corrupción, nos duele que haya lastimado nuestro prestigio, porque no nos define y no nos describe”. Dejemos de lado la esquizofrenia política en la que caen Meade y sus asesores en su intento por deslindarse de militancia partidista al mismo tiempo que refieren al priismo en primera persona. Una vez publicada la nota, en cuestión de minutos se convirtió en fuentes de críticas en redes sociales y material para memes. ¿En verdad pensaban que más allá de los porristas habituales alguien más aceptaría esa explicación?
Este discurso se centra en cinco ejes argumentativos, todos frágiles: 1) reducir la corrupción a la existencia de unos cuantos casos aislados, cuando la percepción general es que se trata de una epidemia agudizada durante la administración de Enrique Peña Nieto; 2) manifestar indignación ante los corruptos, señalarlos incluso como traidores, algo que han intentado reiteradamente por Enrique Ochoa sin muchos resultados; 3) distanciarse públicamente de la corrupción y calificarla como prácticas que no describen al PRI, lo cual equivale a eliminar en seis meses una idea profundamente arraigada en el imaginario colectivo; 4) enfatizar la honestidad del candidato, quien a pesar de toda su integridad personal no fue capaz de detectar actos de corrupción o simplemente dejó hacer y dejó pasar en su periodo como secretario de Hacienda; 5) finalmente, acusar a los otros de ser igualmente corruptos.
El problema para Meade es que ante la pérdida de credibilidad de su partido y su gobierno, así como las ambigüedades de su propia trayectoria, la única estrategia viable es convertir la campaña en una guerra de lodo donde las culpas por actos de corrupción se diluyan en acusaciones mutuas entre partidos. Podrán lanzar todos los espots que quieran y promover imagen de honestidad entre la prensa afín, pero difícilmente convencerán a los votantes de que los escándalos de corrupción son casos aislados y que van a ser muy honestos ahora que tienen un candidato ciudadano (sic). El peso del descrédito es demasiado.