Todos entendemos, con mayor profundidad o guiados visceralmente por nuestra identificación con alguno de los actores políticos o mediáticos más influyentes, que el presidente Enrique Peña Nieto protagoniza una crisis de gestión de imagen de proporciones desconocidas en los últimos 30 años.
Entre los factores centrales sobresale la emergencia de una sociedad más diversificada, sofisticada y demandante que con razones o sin ellas, negativamente se expresa en redes sociales e impacta a la opinión pública.
La ventaja posible del PRI en esta elección, a pesar del deterioro percibido en la imagen presidencial, justificado o no, es que no existe una alternativa clara todo aquello que como antivalor está asociado a ese partido.
Si el PRI está lastimado, lo están el conjunto de los actores políticos por lo cual no hay beneficiario contundente de la crisis. Además, no hay evidencia de que la antipatía en redes se convierta unitariamente en un voto en contra del partido predominante.
En ese contexto sobresale positivamente la propuesta del CIDE, anunciada en noviembre por el presidente Peña Nieto y presentada ayer en un escenario donde se desplomaron los backs dispuestos por la Presidencia, para acompañar una propuesta de mejora de la justicia que habría de acompañar el decálogo de seguridad del cual habló el mandatario.
Tal vez la mejora en justicia pueda ayudar al líder nacional cuyo decaimiento no ha traído, significativamente, la mejora de ningún liderazgo alternativo.
Las propuestas, especialmente en el documento del CIDE referido como “justicia ciudadana”, son representativas de una inquietud nacional generalizada y son realizables aunque demandan un enorme esfuerzo de proyección y asimilación social demandante, a su vez, de un sólido liderazgo presidencial.
Las veinte acciones incluyen una estrategia para crear una cultura de derechos entre las y los mexicanos; desarrollar una profunda política nacional de mejora regulatoria; para los ciudadanos se habla de facilitar la solución de conflictos con las administraciones y priorizar el sistema nacional de protección al consumidor en el que se amplíe el uso de tecnologías de información; para los emprendedores, acelerar la implementación de la oralidad en materia mercantil y crear el defensor de los emprendedores (Mipymes); para los grupos vulnerables: medidas para trabajadoras domésticas y medidas para migrantes.
Se presentaron ante Peña Nieto propuestas que corresponden tanto al Ejecutivo Federal como a otros poderes o entidades; para los tribunales se sugiere crear un mecanismo de coordinación para impartidores de justicia y mejorar las condiciones de operación de la justicia local; se sugieren medidas para reducir la marginación jurídica y ampliar el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias.
Para las escuelas el CIDE propone crear protocolosde actuación para las autoridades escolares; para las comunidades, se plantea crear mecanismos de “justicia de barandilla” y “justicia itinerante”; para las comunidades, un modelo de policía de proximidad que incluye el debate de Mando Único.
El CIDE propone una instancia de diálogo en materia de justicia; crear los “Centros de asistencia jurídica temprana”; seguimiento de la responsabilidad profesional por prestación de servicios jurídicos; para los trabajadores, sugiere revisar la operación de las juntas de conciliación y arbitraje; para las familias plantea revisar el modelo de justicia familiar y construir una dependencia o entidad encargada de coordinar los temas de justicia al interior de la Administración Pública Federal y en las entidades federativas.
Hubo un tiempo en que “Saving Mexico” fue publicitariamente una verosímil portada del TIME hoy es probable que “Saving Peña” tenga una palanca importante en la reforma de la realidad que está dentro de las 20 acciones específicas propuestas por el CIDE.