Los fenómenos naturales siempre representan riesgos inevitables para las comunidades humanas, pero el nivel de vulnerabilidad a sufrir daños graves como resultado de estar expuestos a un sismo o un huracán, aumenta o disminuye de acuerdo a factores estrictamente humanos. La devastación que han sufrido diferentes regiones del país ante los terremotos del 7 y 19 de septiembre puede explicarse por la combinación de tres elementos: 1) las características propias del sismo, como su intensidad o duración; 2) particularidades regionales y geográficas de los asentamientos; 3) vulnerabilidades humanamente producidas como resultado de procesos sociales o toma de decisiones política. ¿Qué tipo de vulnerabilidades humanamente creadas, políticamente producidas, actuaron como multiplicadores del daño? La corrupción y la impunidad, el maldito cáncer de nuestra vida política, combinado con la voracidad de empresas constructoras sin escrúpulos. La desigualdad socioeconómica que restringe la capacidad de millones de mexicanos para protegerse, reaccionar y recuperarse ante los efectos de un desastre natural. Un Estado incapaz de encabezar coherentemente la respuesta pública como resultado de la erosión institucional y el descrédito de autoridades. La apuesta por un modelo de desarrollo urbano desordenado, socialmente excluyente y ambientalmente no sustentable. No podemos engañarnos y aceptar la idea que las consecuencias de los terremotos recientes fueron producto de la mala fortuna o cuyas consecuencias se explican por la ubicación geográfica o la particularidad de los riesgos regionales. El nivel de la tragedia que hoy vivimos no puede entenderse sin las decisiones y omisiones humanas, las vulnerabilidades políticamente producidas. Lo que exige llevar al centro del debate público la responsabilidad política y la rendición de cuentas. Estamos ante una coyuntura crítica y con toda seguridad enfrentaremos cambios importantes. La pregunta es de qué tipo y calidad serán y cuál es la dirección que tomarán. Lo peor que puede pasarnos es permitir que se impongan una inercia política y cambios de fachada. El cambiar para seguir igual. La cooperación social espontánea y la energía colectiva desbordadas requieren canalizarse en una dinámica cambio social e institucional. A pesar del momento crítico que enfrenta el país y la magnitud de los daños, no es realista esperar que los actores políticos asumirán la responsabilidad de encabezar la reforma del Estado Mexicano y sus instituciones. Es la hora de los ciudadanos, las comunidades, las organizaciones de la sociedad y las universidades. La participación y cooperación social representa el punto de inflexión para poner un hasta aquí a la fiesta de la corrupción y los pactos de impunidad, para rescatar nuestras instituciones y consolidar una democracia más incluyente. Este es el momento de traducir la indignación en presión pública incontenible para la rendición de cuentas, la ética y responsabilidad en el servicio público y para activar un proyecto de país verdaderamente transformador. Lo menos que le debemos a las víctimas y a los damnificados es iniciar la dignificación de nuestra vida pública. Nos lo debemos los unos a los otros. Tras la catástrofe, la metamorfosis.
Ante la devastación ¿impunidad o metamorfosis?
