La semana pasada Inegi presentó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), la cual resume la profunda crisis de seguridad que enfrentamos: durante 2017 se cometieron 33. 6 millones de delitos, 39 mil 369 por cada cien mil habitantes, afectando a 25.4 millones de personas mayores de 18 años, lo que equivale a 29 mil 746 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Hasta 64.5% de la población ve en la inseguridad el principal problema del país y 79.4% percibe condiciones de inseguridad crecientes en sus estados. Los costos económicos alcanzan ya 299.6 mil millones de pesos, equivalentes a 1.65% del PIB nacional, y los gastos preventivos en los hogares llegaron a 89.1 mil millones de pesos. Mientras la cifra negra es de 93.2%, delitos no denunciados y aquellos denunciados para los cuales no se abrió averiguación previa o carpeta de investigación, lo que es resultado de causas atribuibles a la autoridad como pérdida de tiempo o desconfianza en 64.5% de los casos.
Los datos señalan que los delitos, víctimas, costos y percepción de la inseguridad mantienen una tendencia al alza. Lo cual pone en perspectiva el tamaño del fracaso de la política de seguridad implementada durante el sexenio que termina. Aunque, si bien estas cifras son aterradoras, más de 33 millones de delitos y 25 millones de víctimas, esto representa una película incompleta, pues al incluir los delitos que sufrieron mayores de 18 años, no se consideran a los menores de edad que fueron también víctimas de delitos como robo de vehículo, en vía pública en hogares o secuestro.
Es significativo el incremento constante en prevalencia delictiva, tasa de víctimas del delito, la cual aumenta entre 2016 y 2017 1.33% para llegar a 29 mil 746 víctimas por cada 100 mil habitantes, la cual se ubicaba en 27 mil 337 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2012. Solamente en Baja California, Baja California Sur y Colima se reduce la prevalencia delictiva, mientras que se incrementa en nueve y se mantiene sin diferencia estadística en veinte entidades. En otras palabras, la inseguridad crece y se extiende sin control.
La publicación de la Envipe adquiere una relevancia particular como radiografía puntual de la crisis de inseguridad en el contexto del fin de sexenio y la toma de posesión del nuevo gobierno. Ante esta tendencia, el nuevo gobierno deberá estructurar con mucho cuidado la estrategia y las decisiones para revertir la inseguridad. El éxito mismo del proceso de pacificación que han propuesto, si bien estará condicionado por las metodologías para conocer la verdad en caso de delitos de lesa humanidad, dependerá también de su efectividad para contener el aumento de más víctimas del delito.
Fortalecer instituciones, rediseñar el trabajo de las policías, integrar un enfoque preventivo, mejorar la coordinación con los estados y generar evaluaciones de impacto deberán estar en el centro de las definiciones del proyecto de gobierno. La improvisación, las ocurrencias o los cambios repentinos en las decisiones tomadas pueden resultar tan dañinos como seguir inercialmente lo que no ha funcionado.
Por más que Peña Nieto quiera convencernos a través del bombardeado de spots de que hay estabilidad y paz social, en realidad nos deja un país sumido en la violencia, la inseguridad y la impunidad. De este tamaño es el problema para el que deberá ofrecer alternativas plausibles Andrés Manuel López Obrador. En materia de seguridad es indiscutible que el país está en “bancarrota”: delitos y víctimas al alza, una política de seguridad fracasada y el descrédito de autoridades e instituciones públicas.