La Presidencia, en plena celebración de las cuentas alegres del Quinto Informe, recibió una cubetada de agua helada con la investigación presentada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Nuevo capítulo en la historia nacional de la infamia, escrito con letras de oro por una gestión que ha hecho de la infamia un nicho personalísimo.
Lo que nos revela la investigación es que el desvío de recursos públicos implementado por Javier Duarte en Veracruz no representa un caso de corrupción aislada, sino un modelo de negocio criminal que se extiende a nivel federal.
Modus operandi de un sexenio marcado por la corrupción, conflictos de interés e impunidad.
Los datos son aterradores, pero son la punta del iceberg del saqueo de recursos públicos en un país donde el Presidente celebra como logro que la pobreza arrastre a 53 millones de personas. “Mínimos histórico”, nos dicen. Ética pública y sentido de responsabilidad en mínimos históricos.
Once dependencias federales, ocho universidades públicas y al menos 50 funcionarios públicos involucradas; esquema en el que participaron 186 empresas en seis entidades, 128 de ellas empresas sin personalidad jurídica para recibir recursos, infraestructura para dar el servicio o que simplemente no existen; contratos ilegales otorgados entre 2013 y 2104 por siete mil 760 millones de pesos para un desvió de recursos calculado en al menos tres mil 433 millones 683 mil 969 pesos; mil millones de pesos de comisión para las universidades que participaron triangulando los recursos públicos hacia las empresas.
La investigación cubre únicamente los dos primeros años de una administración que se ha visto involucrada en conflictos de interés y relaciones peligrosas desde la campaña electoral, como apuntan las acusaciones contra Emilio Lozoya, por cierto también señalado en esta ocasión. Nada hace pensar que la rapiña de recursos públicos haya parado en años siguientes, al contrario seguramente ha crecido y se ha diversificado exponencialmente gracias a condiciones de impunidad generalizadas.
El dato más grave es que nos enteramos de todo esto gracias a una investigación independiente realizada por un grupo de periodistas y una organización de la sociedad civil, no por el trabajo de fiscalización que en principio corresponde a las autoridades. La impunidad extiende su manto protector.
En el mensaje del Quinto Informe, el Presidente señalaba que la “la política debe reivindicarse como un instrumento de transformación al servicio de la sociedad” y que por lo mismo “los servidores públicos debemos conducirnos invariablemente con integridad y apego a la ley, en el ejercicio de nuestras responsabilidades”. Palabras vacías ante la corrupción e impunidad desbordadas que vivimos y la evidencia de que las instituciones del estado son utilizadas para actividades criminales y no para servir a la sociedad.
¿Entenderán en algún momento nuestros partidos, preocupados por sus agendas electorales y ocupados en destruirse a sí mismos, que la combinación de corrupción e impunidad está erosionando profundamente los fundamentos de nuestras instituciones y fracturando el cemento de la sociedad? ¿Cuánto más debe pasar para que comiencen a comportarse como una oposición responsable?