Lo diga Barómetro de las Américas, Barómetro Global de la Corrupción o el PEW Center, la advertencia es clara: México enfrenta un grave proceso de deterioro institucional y descrédito de las autoridades políticas que se traduce en pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones y procesos democráticos. Ahora Latinobarómetro 2017 confirma las mismas señales. Veamos los datos. Solamente 18% de los mexicanos manifiesta satisfacción con la democracia, frente a un promedio regional de 30% y en comparación con los niveles de países como Uruguay (57%), Nicaragua (52%) o Ecuador (51%). Lo que afecta la percepción de la democracia como el mejor sistema de gobierno a pesar de sus problemas: 70% de los latinoamericanos considera a la democracia la mejor opción, llegando a niveles más altos que el promedio en nueve países, mientras en México así lo creen 54 por ciento. Desconfianza que se explica en parte por la forma en que los ciudadanos entienden se distribuyen los beneficios políticos, económicos y sociales de vivir en democracia. Al preguntar si los gobernantes ejercen el poder en su propio beneficio o de la colectividad, en América Latina 21% piensa que lo hacen en beneficio propio, cifra que cae en México (8%), Paraguay (7%) y Brasil 3%). La voracidad de autoridades y representantes democráticamente electos está detrás de la erosión institucional y pérdida de confianza de los ciudadanos. Los datos reflejan un declive gradual en el apoyo ciudadano a la democracia durante la última década, cayendo de 61% en 2010 hasta 53% en 2017. Aunque el apoyo es muy firme en Uruguay (70%), Ecuador (69%) y Argentina (67%) o Venezuela (78%), donde se mantiene el aprecio por la democracia a pesar de la pérdida de libertades democráticas. México es calificado como un país con una disminución muy significativa en el apoyo democrático entre 2016 y 2017, pasando de 48% a 38%, nivel alcanzado en 2011 y 2013. La crisis de la democracia en la región se refleja y relaciona con la aprobación del gobierno en turno, el cual alcanza un promedio de sólo 36% y niveles mucho más bajos en Brasil, 6%; México, 20%; Paraguay, 21% y Panamá, 22 por ciento. Cuando se pregunta por los factores que pueden mejorar la confianza en las instituciones, los mexicanos dan mayor importancia a que éstas den un trato igual a todos (63%), el grado en que se cumplen promesas (43%) y si hay fiscalización (16%). Esto refleja que se valora que las instituciones no reproduzcan formas de exclusión o privilegio y que importa mucho que los políticos llevan sus palabras a los hechos. De igual forma, pone en evidencia que a pesar del alcance y magnitud que alcanza la corrupción, no se valora igual que se fiscalicen recursos públicos y exista rendición de cuentas. La conclusión es clara. La demolición institucional a la que se ha enfrascado el gobierno, con la complicidad o tolerancia de la clase política en su conjunto y grupos del sector privado nos pasa la factura en forma de una profunda crisis de confianza y colapso en el respaldo social a la democracia. No podemos seguir jugando con fuego. En las próximas elecciones no sólo elegimos un nuevo presidente, gobernadores y la renovación del Congreso, jugamos con la viabilidad de nuestra democracia y el riesgo de una regresión autoritaria.
La demolición institucional en sus cifras
