A pesar de la profunda corrupción e impunidad que lastra a México, Javier Duarte ha sido capaz de poner su nombre con letras de oro en la historia nacional de la infamia. Su paso por el gobierno de Veracruz, junto con sus cómplices y familiares, se eleva perversamente y se distingue por su rapacidad.
Aunque no es claro que conozcamos todavía el alcance y consecuencias de las operaciones de la red criminal estructurada por Duarte. Las últimas semanas supimos con horror, confirmado por la Secretaría de Salud federal, que durante su administración se compraron medicamentos falsos para tratar el cáncer y el VIH. Hace sólo unos días fueron descubiertos la bodega de la infamia y los diarios que resumen la estrategia del saqueo y los delirios de los saqueadores.
Todos sabemos lo que significa la crisis de corrupción e impunidad que enfrenta México, fenómenos documentados, explicados y medidos hasta el cansancio. A pesar de ello, no deja de sorprender lo que Duarte fue capaz de hacer en Veracruz y lleva a preguntarse ¿cómo es posible que esta gente haya estructurado una red criminal para saquear de tal forma los recursos del pueblo veracruzano? La respuesta es simple: lo pudieron hacer porque tenían el poder absoluto y la voluntad para hacerlo.
Poder absoluto porque ser un gobernador honesto, responsable y respetuoso de las instituciones democráticas es sólo una opción voluntaria en México, una alternativa que cada gobernador decide en lo individual, pues ni los contrapesos, la rendición de cuentas y los mandatos de ley, mucho menos el sentido del deber, los obligan o restringen en los hechos.
Poder absoluto porque asumieron que podían hacer lo que quisieran sabiendo que gozaban de una impunidad absoluta. Entendían que la probabilidad de ser descubiertos, perseguidos y castigados era cercana a cero porque eran parte de un pacto de impunidad más allá de su estado.
Poder absoluto porque las autoridades nunca tuvieron intención de intervenir para detener el saqueo a Veracruz, sino hasta que fue público e inevitable. Hasta que el portal Animal Político evidenció su modelo de negocios fantasma, cuando la evidencia de la voracidad de Duarte comenzó a golpear en la aprobación del Presidente y ante el castigo electoral que sufrió el PRI frente a los escándalos de corrupción y abuso de poder. Y aun así, gracias al mismo pacto de impunidad, robó, huyó y no lo han pescado.
Merecemos la abundancia, nos dicen los diarios de la señora Duarte, asumiendo el gobierno de su esposo como una patente de corso, un derecho adquirido al saqueo sin límite de recursos públicos. El que no transa no avanza y es indiscutible que los Duarte tenían un apetito voraz por el progreso personal.
Lo grave es que esta historia difícilmente puede entenderse como una anécdota tropical aislada. Posiblemente otros casos de abuso de poder y corrupción locales no alcancen el mismo grado surrealista de perversidad, tal vez la diferencia sea que otros gobernadores son más eficientes para evitar que se filtre la información sobre sus desfalcos y saqueos. Pero la realidad es que cualquier gobernador, si así lo desea, puede emular a Duarte con la certeza que difícilmente será perseguido.
El arca está abierta y sobran pecadores. La rendición de cuentas llena los discursos, pero no se traslada a la práctica del gobierno. Nuestros controles institucionales son insuficientes y poco efectivos para restringir el ejercicio de poder a nivel local. Las autoridades federales han sido omisas y los partidos tampoco han demostrado interés por acotar y llamar a cuentas a quienes son electos a través de sus siglas.
La aspiración de un México más justo y democrático pasa necesariamente por cerrar los espacios a la corrupción y la impunidad y por restringir el ejercicio de poder en todos los niveles de gobierno. Después de la grotesca y dramática historia de Javier Duarte y sus cómplices, activos y pasivos, el gobierno y nuestros legisladores federales están en deuda con los mexicanos y nos deben controles institucionales, Estado de derecho y rendición de cuentas efectivos, no sólo reformas legislativas de fachada.
Profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, UDLAP