El pasado jueves, el presidente emitió una de las declaraciones más erráticas e irresponsables que se le recuerden, lo cual es decir mucho en una Presidencia cuyo discurso ha contribuido notablemente a su propio hundimiento y pérdida de credibilidad. Antes que enviar un mensaje de certidumbre a la ciudadanía ante las graves acusaciones de espionaje contra periodistas y organizaciones sociales, la respuesta presidencial arrojó más gasolina al fuego. En un acto impulsivo e improvisado, en un acto organizado para inaugurar un parque industrial, el Presidente lanzó lo que todos entendieron, a pesar de los intentos posteriores por aclarar, como una amenaza contra los medios que revelaron el espionaje y las organizaciones sociales, víctimas de esta acción que han responsabilizado de los hechos al gobierno: “Y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno”. El jefe del Estado mexicano normalizó el espionaje político al señalar que vivimos en una sociedad en la que “las más de las veces nos sentimos espiados”, abrió dudas sobre la seguridad de sus propias comunicaciones al afirmar que él mismo se sentía espiado y recibía “mensajes desconocidos” y, a pesar de haber instruido a la PGR a investigar, terminó por banalizar la ilegalidad del espionaje al sugerir que es lo mejor es ser cuidadosos con lo que se conversa telefónicamente. Destaca una frase que desnuda por completo la visión de nuestras autoridades sobre el significado del Estado de derecho: “Ninguno de los agraviados puede demostrar que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje”. Nuestras autoridades no pueden entender que el espionaje en sí mismo afecta y lastima derechos ciudadanos que las personas cuyas actividades públicas y privadas han sido sujetas de espionaje, son víctimas de la conducta ilegal que por acción u omisión que tiene origen en las instituciones del Estado. Aún más, al minimizar el daño que causa el espionaje y poner la carga de la prueba en sus afectados, se les somete a un proceso de doble victimización. En medio de la escalada de violencia, criminal y oficial contra el periodismo, es inaceptable que las autoridades se permitan banalizar los efectos del espionaje. Finalmente, nuestras autoridades evaden su primera responsabilidad que es proteger los derechos humanos, de acuerdo a lo que establece el artículo 1º Constitucional: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. El discurso del Presidente representa un acto de evasión de las obligaciones del Estado mexicano con la protección de los derechos de los mexicanos. Por eso nadie en su sano juicio confía en una investigación encabezada por la PGR. Por eso es indispensable una investigación internacional independiente que garantice que los responsables serán procesados y evite que el caso se cubra, como en tantas otras ocasiones, con el manto protector de la impunidad.
Normalizando el espionaje
