La UDLAP organizó esta semana junto con la Fundación Friedrich Ebert, un congreso sobre Gobernanza, Estado de derecho y crimen organizado en el que participaron especialistas mexicanos, también de América Latina, Estados Unidos y Alemania. Ahí se discutieron algunos de los retos más importantes para la construcción del Estado de derecho en países en desarrollo. El tema recurrente fue la forma en que los países pueden hacer frente a la amenaza de organizaciones criminales transnacionales, cada vez más complejas, dinámicas y agresivas. Problema que evidencia la fragilidad de los Estados para proteger la vida y el patrimonio de sus ciudadanos y garantizar tanto el monopolio de la violencia legítima como el funcionamiento de las instituciones democráticas. El caso mexicano fue referencia reiterada al ser identificado como ejemplo del crecimiento exponencial de organizaciones criminales, el estallido de crisis de seguridad y violencia, combinadas con la ausencia de capacidades institucionales y condiciones de impunidad y corrupción generalizada. A los ojos de los especialistas, México no representa un Estado fracasado, sino un caso donde la debilidad del marco legal dificulta enfrentar a las variantes de crimen organizado y, por el contrario, fomenta su existencia y la reproducción de relaciones simbióticas con autoridades nacionales, subnacionales y comunidades. ¿Qué pueden hacer países como México para contener al crimen organizado y reducir la violencia? Los participantes perfilaron tres respuestas: la primera,confrontarlas a través de la fuerzas del orden, lo que conlleva el riesgo de agudizar ciclos de violencia; segunda, pactar con los criminales para que mantengan operaciones dentro de ciertos límites, lo que implica que el Estado reconozca informal e ilegalmente espacios para sus actividades; y tercera, reconstruir el marco institucional, lo cual puede tardar años y depende de la voluntad de los actores políticos para crear estructuras más eficientes y efectivas. Lo que me deja una profunda preocupación es que muchos de los especialistas internacionales ven los pactos entre Estado y crimen como el único camino factible en el corto plazo para México. ¿Por qué? Primero, porque el choque frontal contra el crimen se tradujo en más violencia, violaciones a los derechos humanos y la militarización de la seguridad pública. Y segundo, porque un Estado profundamente corrupto y en el que la impunidad se extiende en todos los órdenes de gobierno, difícilmente puede reformarse a sí mismo. La pregunta que debemos hacernos es ¿estamos inevitablemente a aceptar pactos entre el Estado y el crimen para vivir más seguros o padecer menos violencia? Pienso, tal vez quiero creer, que tenemos margen para mejorar nuestras instituciones, formular políticas públicas más eficientes y reconstruir el tejido social. La lógica de pactos con criminales puede generar ambientes falsamente seguros a costa de aumentar la corrupción y profundizar la demolición institucional. La cuestión es si nuestros partidos y autoridades tienen interés en seguir el camino de la transformación, más allá del discurso de ocasión, o si prefieren mantener el cobijo de los pactos de impunidad sin importar sus consecuencias en la inseguridad y la violencia.
¿Pactos criminales o cambio institucional?
