El colapso del gobierno de Enrique Peña Nieto inició en Ayotzinapa. Nada fue igual a partir de entonces. La credibilidad nacional e internacional del gobierno federal se fracturó y la popularidad del presidente comenzó a caer en picada hacia niveles sin precedentes.
Por supuesto, la historia de la putrefacción de este sexenio estaría incompleta sin la Casa Blanca, la Estafa Maestra, el socavón o la corrupción desbordada en los gobiernos estatales. Sin embargo, Ayotzinapa dejó una marca indeleble de impunidad e ineptitud. Ahora, el sexenio cierra su ciclo atrapado, todavía, en Ayotzinapa, mientras las víctimas esperan la verdad y la justicia.
Las conclusiones del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, que no son compartidas por la PGR, tienen amplias repercusiones, pero fundamentalmente derrumba la investigación oficial, evidencia la crisis de las instituciones responsables de la procuración de justicia y agudiza el descrédito nacional e internacional del gobierno mexicano. Sin dejar de lado que dan la razón a organismos internacionales que reiteradamente advertían sobre los defectos de la investigación.
En resumen, la indagatoria no fue efectiva, independiente e imparcial; se omitió seguir líneas de investigación que involucraban a miembros del Ejército y la Policía Federal; hay afirmaciones oficiales que carecen de valor probatorio; existen irregularidades en las detenciones y presentación de los detenidos y las confesiones se obtuvieron a través de actos de tortura.
Los mandatos para la autoridad tampoco son cualquier cosa: una orden para reponer el procedimiento y dictámenes sobre los casos de tortura que sean elaborados por peritos independientes de acuerdo a lo previsto en el Protocolo de Estambul; la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad en un plazo no mayor a 10 días, integrada por la CNDH, el Ministerio Público y representantes de las víctimas; así como una indemnización para que los familiares de la víctimas recuperen los recursos que se han visto obligados a usar con fines de búsqueda y en los procesos judiciales.
En las próximas semanas se perfilará la estrategia legal de los abogados de las víctimas y veremos a las autoridades disputar en tribunales la constitucionalidad de la decisión de los magistrados. Pero tres elementos me parecen centrales en este momento. En primer lugar, las autoridades que han sido omisas e incompetentes durante toda la investigación, tendrán que rendir cuentas por los actos de tortura y violación al debido proceso que podrían dejar libres a los presuntos responsables, pero también por el daño patrimonial causado por una investigación tan costosa como defectuosa.
En segundo lugar, la conformación de la Comisión de la Verdad y los peritajes sobre los casos de tortura extenderán el caso al próximo gobierno. El equipo del puntero en las encuestas debería estar ya preocupado y ocupado pensando la forma en que van a garantizar a las víctimas, y en sí a todos los mexicanos, con una investigación efectiva, independiente e imparcial.
Finalmente, el próximo gobierno y la nueva legislatura del Congreso no pueden seguir obviando la urgencia de implementar las decisiones necesarias para reconstruir las instituciones de procuración de justicia, incluyendo la autonomía de la Fiscalía general.
Lo único claro en este momento es que la verdad histórica y sus actores protagónicos han terminado en el basurero de la historia nacional.