Juan Antonio Le Clercq

En el contexto global siguiendo la argumentación de Branko Milanovic en Capitalism Alone, los sistemas económicos se organizan de acuerdo a dos, y sólo dos, formas predominantes: la meritocrática liberal y el capitalismo político. Mientras que el modelo liberal-meritocrático destaca por el funcionamiento descentralizado de los mercados con relación al Estado y la concentración creciente de riqueza, bienes de capital o educación de calidad en manos de las élites, el capitalismo político mantiene la autonomía del Estado y sujeta la operación de los mercados a decisiones políticas y criterios de planificación centralizados.

La semana pasada argumentaba que, si bien Milanovic se centra principalmente en analizar las implicaciones del capitalismo político a partir del caso de China y su influencia, el caso mexicano durante el siglo XX ejemplifica un modelo de desarrollo económico supeditado a decisiones políticas, lógica que ha quedado encapsulada incluso a nivel constitucional en la redacción del artículo 25. 

Podemos señalar, por un lado, que el denominado periodo “neoliberal”, que arrancó con el gobierno de Miguel de la Madrid, representó a pesar de sus contradicciones entre Estado y mercado, un giro en la dinámica del modelo económico mexicano para acercarse a la lógica “meritocrática liberal”. Mientras que, por otra parte, el ascenso de AMLO al poder y la definición de la 4T, suponen el regreso del capitalismo político mexicano, la vinculación del desarrollo económico a un proyecto político y la autonomía del Estado frente a los intereses de los mercados. En este sentido, la idea de “economía moral” implica tanto la intención de controlar la corrupción como la reafirmación de las funciones económicas y distributivas del Estado mexicano. 

Siguiendo la argumentación de Milanovic, la lógica del capitalismo político tiene tres implicaciones políticas importantes, las cuales pueden poner en jaque las aspiraciones de la 4T. Primero, se necesita una maquinaria burocrática eficiente para implementar con efectividad los mandatos derivados de la planeación centralizada.

Lo que entra en franca contradicción tanto con un enfoque que ha entendido la austeridad como un fin en sí mismo, como con la apuesta de realizar nombramientos basados en la lealtad y honestidad, más que en la experiencia y capacidad para el encargo. 

En segundo lugar, la idea de “Estado de derecho” es incompatible con la flexibilidad que requieren procesos de toma de decisiones jerárquicamente definidas. En este sentido, el capitalismo político requiere de altos grados de flexibilidad y discrecionalidad para cumplir con los mandatos de ley, los cuales quedan necesariamente supeditados a la exigencia de implementar las políticas que se desprenden del proyecto transformador. Como ha ocurrido en otras etapas de la vida nacional, incluyendo el neoliberalismo, es difícil esperar el desarrollo de un Estado de derecho más democrático e incluyente, en tanto los mandatos de ley no necesariamente van a regular las relaciones políticas, económicas y sociales y, cuando lo haga, se hará en forma condicionada a los criterios y prioridades del proyecto transformador.

Finalmente, la corrupción puede llegar a acotarse y tolerarse dentro de ciertos límites, pero no erradicarse dentro del capitalismo político, pues “cualquier sistema que requiera discrecionalidad en la toma de decisiones, debe tener corrupción endémica” (p.94). Y esto representa uno de los puntos más débiles de la 4T, un equilibro terriblemente precario independientemente del discurso que declara el fin de los tiempos corruptos. El combate a la corrupción puede estar en el corazón de su proyecto e intencionalidad, pero la discrecionalidad política y la flexibilidad en el cumplimiento de la ley de hecho establecen un terreno fértil para el desarrollo de nuevas prácticas corruptas, como ha ocurrido en las fases anteriores de nuestro capitalismo político nacional. 

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