Juan Antonio Le Clercq

Los principios de la política exterior representan un conjunto de valores para orientar la toma de decisiones que en muchas ocasiones suelen usarse como arma política arrojadiza.

Los gobiernos en turno hacen defensa abstracta para dar una pátina de legitimidad histórica a decisiones que en realidad parten de una agenda de intereses. Los opositores los convierten en mecanismos igualmente abstractos para golpear aquellas decisiones que no coinciden con su propia agenda.

En la reivindicación de los principios establecidos en la fracción X del artículo 89 constitucional, suele haber mucha hipocresía e igual desconocimiento. Cuando se exige que nuestra diplomacia se conduzca por los principios, la mayor de las veces esto no pasa de afirmar y reafirmar, de demandar que la cancillería cumpla plenamente (cualquier cosa que esto signifique) con la no intervención, la cual termina convertida de esta forma en un fetiche de nuestra política exterior.

Convenientemente se olvida que en la conducción de la política exterior deben observarse e interpretarse ocho principios y no sólo la no intervención: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Pero también suele evadirse que los principios no se pueden aplicar a rajatabla, que requieren interpretarse y ser ponderados a la luz de los intereses de México en el exterior. Y lo que es más importante, que en muchas situaciones los principios no son necesariamente compatibles entre sí, que no conforman un todo armónico que pueda interpretarse y aplicarse sin problemas. 

Por ejemplo, por lo general los gobiernos en turno (en plural) señalan que sus decisiones respetan los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, como si se tratara de un mecano que embona a la perfección. Esto no es así. La no intervención plantea una obligación negativa, nos pide dejar de hacer algo, no meternos en las decisiones de otros Estados por ser representantes de la voluntad soberana de sus pueblos. Mientras que la autodeterminación nos pone ante una obligación positiva, demanda que hagamos algo, pues no se puede afirmar la autodeterminación de los pueblos sin realizar acciones puntuales a favor de esta causa.

De la misma forma, la no intervención define nuestras relaciones con otros Estados, nuevamente como los representantes legítimos de la voluntad soberana de sus pueblos, mientras que la no intervención establece una relación con los pueblos, con el ejercicio de sus derechos y su dignidad. Estados y pueblos no son necesariamente lo mismo y, aunque a veces cueste trabajo asumirlo, en muchas ocasiones la principal amenaza a la autodeterminación de los pueblos radica en la violencia ejercida desde su propio Estado. En esos casos qué tiene prioridad, ¿la no intervención o la autodeterminación de los pueblos?

Para complicar las cosas, también tenemos obligación con la protección y promoción de los derechos humanos. Si bien la constitución no señala que algún principio tiene mayor importancia que otro, el espíritu de la reforma constitucional de 2011 y el contenido del artículo 1 Constitucional permiten argumentar que la defensa de los derechos humanos tiene prioridad estricta sobre los otros principios. En otras palabras, me parece que nuestra política exterior debe conducirse interpretando los diferentes principios y nuestros intereses en el mundo, pero anteponiendo el respeto a los derechos humanos.

Compartir