Inegi dio a conocer esta semana las estadísticas nacionales y estatales preliminares de homicidios registrados en el país. A diferencia de los datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), donde se contabiliza el homicidio doloso a partir de las carpetas de investigación o averiguaciones previas iniciadas, el Inegi registra este delito a través de certificados de defunción en los que se establece que la muerte de una persona fue resultado de algún tipo de agresión.
Lo que nos presenta Inegi es simple y sencillamente una tétrica fotografía del horror nacional: 31 mil 174 delitos de homicidio registrados en 2017, para una tasa anual de 25 personas por cada 100 mil habitantes. Cifras que rebasan por casi seis mil homicidios los 25 mil 339 que reportaba en enero de este año el SESNSP. La muerte violenta en México tiene permiso porque goza de total impunidad y si las autoridades no son capaces de investigar y sancionar este delito, el más grave, mucho menos lo harán en otros casos.
Los datos confirman que 2017 ha sido el año más sangriento en décadas, en un periodo que coincide con la escalada general de la violencia en nuestro país. Dicho año rebasa en cuatro mil homicidios los 27 mil 213 cometidos en 2011, el año anteriormente más violento. La tasa de homicidios da un salto de 20 a 25 por cada 100 mil habitantes en un solo año. La violencia creció conforme avanzó el sexenio, poniendo en evidencia el fracaso de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal y la incapacidad de los gobiernos estatales para enfrentar el problema.
A nivel estatal la violencia crece y se expande. Los homicidios aumentan con relación al año anterior en 27 estados, pero en Aguascalientes, Baja california, Baja California Sur, Guanajuato, Nayarit y Quintana Roo los homicidios prácticamente se duplican de un año a otro. Solamente en Campeche, Durango, Guerrero, Morelos y Yucatán este delito es menor que en 2016 y sólo en el caso de Durango la reducción significa al punto más bajo en diez años.
La crisis de violencia y la multiplicación de sus víctimas se extiende prácticamente por cada rincón del país, por eso tiene lógica discutir la necesidad de impulsar la pacificación del país, combatir la desigualdad y proteger la dignidad de las víctimas como eje de la política de seguridad. El problema es convertir este enfoque en una política pública coherente e implementarla con efectividad. En el camino es necesario reconstruir las policías, rediseñar la prevención, especialmente a nivel municipal y estatal, consolidar el nuevo sistema de justicia, mejorar los sistemas de evaluación y fortalecer el combate a la corrupción y la impunidad. Sin dejar de lado que el nuevo gobierno ha asumido además el compromiso de integrar una perspectiva de justicia transicional, amnistía y crear comisiones de la verdad como parte de su redefinición de la seguridad y justicia, retos extraordinariamente complejos y cuya implementación trasciende el tiempo de vida sexenal.
Los 232 mil 314 homicidios registrados entre 2008 y 2017 nos dicen que no podemos reproducir inercialmente lo que no funciona. Se requiere reenfocar la seguridad y justicia, desarrollar nuevas capacidades, mejorar el desempeño de muchas instituciones y evitar la tentación de tirar a la basura lo que funciona o lo que está en proceso de creación. Este es el reto que heredará en diciembre el nuevo gobierno. Este es el legado de un sexenio incompetente en materia de seguridad y de una estrategia que fracasó a lo largo de la década más violenta.