Juan Antonio Le Clercq

15cadáveres circulando por la zona metropolitana de Guadalajara dentro de la caja de un tráiler, en busca no de un panteón o una morgue, donde no hay capacidad para recibir más muertos, sino de algún terreno baldío para estacionarse indefinidamente sin que los vecinos o las autoridades municipales comiencen a quejarse.

Ignoremos la negligencia que implica convertir un camión en fosa clandestina ambulante, lo más grave es la evidencia de la descomposición de las instituciones del Estado y el profundo desprecio hacia las víctimas de la violencia. La humillación que sufrimos los ciudadanos en manos de las autoridades va más allá de la muerte.

Nuestra crisis de seguridad y violencia, ese horror sin límite normalizado, tiene en el abandono de los ciudadanos uno de sus daños colaterales. Desprecio, negligencia, humillación, corrupción, colusión… resumen del trato que reciben los ciudadanos de quienes son sus autoridades. La marca de una sociedad indecente, siguiendo a Margalit, en la que las instituciones humillan sistemáticamente a las personas.

Pero es un error pensar que el abandono social se limita a la violencia y la inseguridad. Los terremotos de 2017, sus secuelas sociales y la reconstrucción pendiente, nos advierten de autoridades que ni siquiera ante la tragedia están dispuestas a comportarse con un mínimo de responsabilidad política.

Conmemoramos un año de dos terremotos que han marcado principalmente a Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México. Poblaciones y colonias en las que las heridas sociales son más profundas que las grietas en las casas, edificios, calles o templos dañados. Un año en el que el dolor por la muerte de familiares o la pérdida del patrimonio construido con el esfuerzo de toda una vida, se retroalimentan de la humillación de tener que enfrentar corrupción, negligencia burocrática e impunidad, sobre todo la maldita impunidad.

La fuerza de los terremotos del 7 y 19 de septiembre fue particularmente destructiva, pero todos sabemos que la magnitud de la tragedia se explica por las transas de constructores o la negligencia de autoridades, que los daños fueron tan fuertes en muchas comunidades porque se retroalimentaron de factores como desigualdad socioeconómica, corrupción e inseguridad.

Hemos visto esta semana ceremonias y discursos oficiales conmemorando la tragedia y sus muertos, minutos de silencio llenos de hipocresía cuando hay pueblos sin reconstruir, damnificados viviendo en tiendas de campaña, personas que esperan saber si quedará algo de su patrimonio y, como siempre, cuando descubrimos que los recursos para programas sociales o la reconstrucción se desvían a campañas electorales o cuentas bancarias en el extranjero. Por supuesto, muchos responsables directos de la caída de edificios siguen sin rendir cuentas ante la justicia y los funcionarios que tendrían que encabezar la reconstrucción y dar la cara por el destino de los recursos públicos, ya saltaron convenientemente a otros cargos, incluso sin terminar el periodo para el cual fueron electos. 

Estamos ante dos tipos diferentes de problemas públicos: primero, los efectos devastadores de la violencia, la desigualdad o los desastres naturales; segundo, la voracidad de una clase política sin escrúpulos que encuentra en las crisis nuevas oportunidades para saquear recursos públicos. Lo segundo es mucho más grave, porque implica la reproducción de ciclos de victimización y la destrucción las capacidades institucionales necesarias para responder a otros problemas. Significa simplemente que el Estado ha abandonado a los mexicanos a su suerte.

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