Esta semana, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) presentó su informe 2019 sobre la libertad de expresión en México, documento sumamente valioso para comprender la dimensión que adquiere la violencia en nuestro país y su relación con fragilidad institucional y altos grados de impunidad. Puede consultarse aquí.
El estudio integra datos oficiales sobre libertad de expresión en México, el Mecanismo de Protección y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), retomando el enfoque de la metodología del Government Performance Index (GPI, por sus siglas en inglés) desde la efectividad, eficiencia, relevancia y sustentabilidad. Por otro lado, analiza los resultados de una encuesta levantada entre 256 periodistas y 173 defensores de los derechos humanos.
El reporte llega en un momento muy importante, pues solamente en los primeros nueve meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con los datos de Artículo 19, han sido asesinados 11 periodistas, cifra que prácticamente alcanza el pico de asesinatos a periodistas en un año, con hasta 12 asesinados en 2017.
A esto se debe añadir que, hasta agosto pasado, también seis defensores de los derechos humanos fueron asesinados.
Pero más allá de sintetizar cifras de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, presenta un diagnóstico para entender la magnitud de la violencia y focalizar los esfuerzos institucionales para contenerla. El reporte pone énfasis en tres factores: 1) la persistencia de agresiones como resultado de factores y omisiones locales, políticas punitivas poco efectivas y dinámicas criminales extensivas; 2) la existencia de zonas de silencio, entendidas como restricciones a la libertad expresión y control de la información, provocadas por control territorial por parte de organizaciones criminales, pero también por prácticas de corrupción y opacidad por parte de las autoridades; y 3) ineficacia de las autoridades para garantizar el ejercicio del periodismo y la promoción de los derechos humanos, pero fundamentalmente para proteger a los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
Entre los datos que arroja el estudio, destaca la fuente de las agresiones. Si bien las agresiones se relacionan con actividades de organizaciones criminales en 9.4% y 10.8%, respectivamente, la mayor cantidad tiene origen en actores políticos (24.4% y 19.4%), actores privados es con capacidad de ejercer violencia localmente con tolerancia de las autoridades (11.1% y 8.1%), policías estatales (11.1% y 12.4%) y policías municipales (10.1% y 10.8%). En otras palabras, el Estado no sólo incumple su obligación de proteger la vida y la integridad de las personas, en realidad es parte constitutiva del problema mismo.
¿Qué hacer? Las recomendaciones de política pública que presenta Casede son relevantes, pues ponen en evidencia que estamos ante un problema en el que la impunidad se alimenta de poca voluntad política y falta de capacidades institucionales, y se enfocan a impulsar una implementación más efectiva, eficiente y sostenible: fortalecer las instituciones materia de libertad de expresión, desarrollar mecanismos de protección y marcos de seguridad más efectivos para proteger el trabajo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, evitar la extensión de zonas de silencio o los ataques al periodismo a través de medios judiciales, puesto esto último retroalimenta y refuerza las amenazas contra la libertad de extensión.
Pues el diagnóstico está listo y es puntual. Ahora sólo falta que las autoridades asuman su responsabilidad en proteger a los periodistas y a las personas defensoras de los derechos humanos.