La semana pasada se presentó el Índice de Estado de derecho, reporte anual elaborado por el World Justice Project, el cual mide grados de Estado de derecho en forma comparada entre 113 países del mundo, recurriendo para ello a encuestas a especialistas y población abierta. Se trata de una de las metodologías más relevantes y serias construidas con el objetivo específico de medir cuantitativamente esta problemática e identificar diferencias entre regiones del mundo.
El estudio consiste en 44 indicadores organizados en ocho subdimensiones: límites al gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, capacidad regulatoria, justicia civil y justicia criminal. Como puede observarse, este enfoque va más allá de sólo observar la existencia de leyes y su aplicación y entiende al Estado de derecho a partir de factores institucionales sustantivos como los derechos y libertades básicas o la existencia de corrupción.
Los resultados de este año retratan puntualmente la profunda debilidad que caracteriza al Estado de derecho en nuestro país. México se ubica en el lugar 92 entre 113 casos estudiados, con un puntaje de 0.45 y en la posición 25 entre 30 países que conforman el grupo de América Latina y el Caribe. En contraste, Uruguay, Costa Rica y Chile son los mejor calificados de la región y Venezuela, Bolivia y Honduras los peores. Para darnos una idea de lo que implica este resultado, México se encuentra a 36 puntos con relación a Uruguay y 44 frente a Dinamarca y Noruega, los países mejor calificados.
México cae cuatro lugares en comparación a 2017, sin embargo, hay que tomar esto con cuidado, pues los autores del reporte advierten que en la mayoría de los casos se percibe un deterioro en la calidad del Estado de derecho y, en especial, en lo que se refiere al respeto a los derechos fundamentales.
Al revisar las dimensiones del estudio, encontramos que los peores resultados se encuentran en los factores justicia criminal (.30), ausencia de corrupción (.31), justicia civil (.40) y cumplimiento de la regulación (.44). Por el contrario, el mejor desempeño está en gobierno abierto (.61) y, paradójicamente, orden y seguridad (.59). Aunque en este último caso hay una distorsión muy importante en tanto que México obtiene en el indicador “ausencia de conflicto civil” la mejor calificación posible (1.00), mientras que los indicadores crimen (.47) y violencia (.29) señalan la brutal realidad de crimen y violencia que enfrenta nuestro país.
Lo que es claro es que el Índice pone en evidencia los graves problemas estructurales y funcionales que lastran a las instituciones responsables de garantizar seguridad, justicia y el respecto a los derechos de los mexicanos. Sobra decir que esto tendría que convertirse en un insumo de cabecera para los candidatos a la Presidencia, pues a través de sus diferentes indicadores se señala con claridad dónde tenemos los principales retos y cómo debemos dirigir la inversión de recursos públicos para mejorar las capacidades del Estado.
Sin embargo, el problema ya no es de diagnósticos o propuestas de solución, la pregunta central es si los actores políticos están en verdad dispuestos a renunciar a los beneficios económicos y políticos que se desprenden de los pactos de impunidad y la erosión del Estado de derecho.