Juan Antonio Le Clercq

La masacre de Minatitlán es una tragedia, otra más, que nos sacude por la brutalidad del crimen organizado y la incapacidad de las instituciones del Estado para garantizar seguridad y justicia. Es verdad, como ha señalado el Presidente, que el 1 de diciembre recibió un cochinero de la administración pasada, que la corrupción y la impunidad han lastrado a las instituciones y que las capacidades de las fuerzas del orden son insuficientes. Pero también es cierto que, a partir de ese mismo 1 de diciembre, e independientemente de lo que en su momento hayan hecho otros presidentes, la responsabilidad y la rendición de cuentas de los asuntos y problemas públicos corresponde ahora a López Obrador y su equipo. 

La tragedia representa un punto de inflexión para el nuevo gobierno, aunque no estoy seguro que lo hayan entendido así. Lo que hemos podido observar es a un gobierno presa de sus propios errores en medio de la crisis.  

Primer error: no dimensionar el daño que puede causar un manejo inadecuado de la comunicación social durante eventos de violencia. El Presidente que ha sido muy efectivo para definir la agenda de debate público durante sus “mañaneras”; no sólo respondió tarde frente a la tragedia, activó las críticas en su contra enviando primero un tuit para acusar de hipócritas y de callar como momias en el pasado a quienes lo han acusado de cometer actos de inconstitucionalidad, pero también por la ausencia de un mensaje inmediato de condolencia y solidaridad para con las víctimas de la masacre. Moraleja: no actuar con efectividad y empatía ante eventos de violencia, se traducirá necesariamente en cuestionamientos a la capacidad del gobierno federal.  

Segundo error: otorgar un cheque en blanco al gobernador del estado. El lunes pasado, durante el primer acto en el que abordó directamente la tragedia, antes que demostrar empatía con las víctimas, el Presidente reconoció en varias ocasiones el trabajo de y reiteró su respaldo a Cuitláhuac García. Es comprensible que López Obrador manifieste apoyo a un gobernador de su propio partido, pero otra cosa es que el Presidente prácticamente libere de cualquier responsabilidad a las autoridades locales frente a la tragedia. Moraleja: responsabilidades que los gobiernos estatales evadan ante la violencia y la inseguridad se trasladarán directamente al gobierno federal. 

Tercer error: comprometerse a que “en seis meses disminuya la inseguridad y la violencia en Veracruz y en todo México”. El Presidente en rol campaña. Ante la magnitud de la tragedia, suena espectacular asumir un compromiso de esa magnitud. Sin embargo, la debilidad institucional, los tiempos para implementar la Guardia Nacional y la tendencia creciente de homicidios, nos dicen que del dicho al hecho habrá mucho trecho. La voluntad personal no es suficiente. Moraleja: compromisos no cumplidos o insuficientemente cumplidos en materia de seguridad, se convertirán en fracasos del gobierno federal. 

Cuarto error: señalar que quienes promocionan la necesidad de paz son conservadores. Por más de una década, la reivindicación de un México en paz y los cuestionamientos a violaciones a los derechos humanos han provenido de especialistas, académicos, líderes sociales, colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil de muy distinto perfil político o ideológico. Aunque en realidad es irrelevante la posición política o ideológica de quienes hacen y han hecho llamados a favor de la paz. Descalificar a quienes critican las definiciones de la estrategia de seguridad o quienes piden un mayor énfasis en justicia para las víctimas, supone distanciarse de una masa crítica que en muchos casos respaldó la candidatura de López Obrador justamente como vía para alcanzar justicia y paz en nuestro país. Moraleja: para pacificar y reconciliar el país se requieren alianzas amplias con la sociedad, las cuales pueden fracturarse ante una lógica de la descalificación gratuita. 

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