No deja de sorprender la forma en que el gobierno de la Ciudad de México agudizó sus problemas esta semana. Ante un caso especialmente delicado, cuatro policías acusados de violar a una menor de edad en un contexto de hartazgo social ante la inseguridad y violencia, que se ha ensañado especialmente contra las mujeres y los jóvenes, a quienes las autoridades se les ocurre la tremenda idea de equiparar las protestas con provocaciones. No entienden que tampoco entienden.
Dicen los manuales de manejo de crisis que cuando enfrentas un escándalo político o una situación tan delicada como es una acusación de violación contra cuatro policías, debes evitar que tu respuesta al problema contribuya a agudizar la crisis. Lo que hemos visto es a las autoridades sumando más razones para el agravio y echando gasolina al fuego.
Las autoridades tendrían que haber entendido que el proceso contra los acusados, quienes tienen derecho a defenderse y gozan de presunción de inocencia, generaría frustración social y exigencia de resultados expeditos, algo difícil de cumplir. No se trataba de promover juicios sumarios o violar el debido proceso de los acusados, sino de mantener una posición empática hacia la víctima. Nada más y nada menos que eso.
Las respuestas oficiales ante las protestas y la reacción ante el baño de brillantina contra el titular de Seguridad Pública de la Ciudad de México, evidencia justamente un notable déficit de empatía. Y para tranquilizar más las cosas, la difusión de un video de la Jefa de Gobierno, seguido por mensajes en el mismo tenor por parte de la procuradora de Justicia, en los que se señala la existencia de provocaciones y se advierte de investigaciones en contra de los responsables de las protestas, ejemplifica como pocas cosas un manejo errático de comunicación social que, más que ayudar a contener la crisis, convierte la respuesta oficial en un nuevo problema que atender.
Además de una comunicación social incompetente y falta de empatía, el caso pone en evidencia un problema más delicado: la 4T comienza a ser víctima de su propia narrativa política.
Detrás de la aprobación de la llamada “ley garrote” en Tabasco, se encontraba la idea de que el tiempo de la protesta social había llegado a su fin. Desde esta lógica, una vez asegurado el triunfo de Morena, entendida como “la causa justa”, la toma de carreteras, las marchas y plantones necesariamente dejan de tener sentido y, por el contrario, pasan a ser instrumentos de adversarios conservadores o actos de provocación.
El tuit enviado por Ernestina Godoy el lunes pasado resume esta visión: “El diálogo necesita desarrollarse con respeto y sin ninguna forma de violencia en condiciones de paz”. Llamado al respeto a la autoridad, el diálogo civilizado y en paz, luego de llamar “provocaciones” a las protestas, amenazar con abrir carpetas de investigación y, faltaba más, cuando la autoridad responsable de la investigación filtró a los medios el nombre de una menor de edad víctima de violación. Lo que se requiere es más respeto por la dignidad de las víctimas y menos impunidad.
La primera pregunta: ¿cómo un movimiento social devenido en partido, que respaldó y promovió múltiples protestas sociales en el pasado, que incluso se benefició de ellas para alcanzar el poder, puede llegar a pensar que tendrá respaldo social al criminalizar la protesta o descalificarla como actos de provocación? La segunda pregunta: ¿quiénes han participado durante décadas en movimientos y protestas sociales? ¿En verdad piensan que tienen la capacidad política para contener el conflicto a través de medidas punitivas o recurriendo a la descalificación?
Necesitan entender que su narrativa no equivale en sí a la realidad. Lo que nuestras autoridades requieren comprender urgentemente para evitar caer en una espiral irreversible de descrédito es que ya no es suficiente apelar a la esperanza, los ciudadanos piden resultados y un mínimo de empatía de la 4T.