Juan Antonio Le Clercq

El debate sobre la estrategia de seguridad del nuevo gobierno se ha centrado en la creación de la Guardia Nacional, lo que no podría ser de otra forma, pues esto implica incrementar la participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública la misma semana en que la Suprema Corte determinó la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Sin dejar de lado que la iniciativa de reforma constitucional presentada esta semana, propone exceptuar a las fuerzas armadas de la prohibición establecida en el artículo 129 en “tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país”. Algo que suena a una declaratoria de Estado de excepción indefinida y en “tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país”.

Sin embargo, otros aspectos del Plan Nacional de Seguridad y Paz 2018-2024 siguen siendo demasiado vagos y sus y criterios de implementación, poco claros. Entre estos destaca la propuesta de avanzar en un proceso de pacificación a través de mecanismos propios de la justicia transicional. Sorprende en especial que, a pesar de que el equipo de transición escuchó a víctimas de la violencia en diversos estados, aún no definen cómo lo instrumentarán y cuál será su alcance.

La sección Emprender la construcción de la paz, arranca con un diagnóstico que rechaza “la estrategia policial y belicista aplicada en los últimos doce años” (p.10) para afirmar un nuevo enfoque centrado en prevención, desarme, reinserción social y centralidad de las víctimas: “resulta imperativo hacer un alto para considerar y debatir la necesidad de emprender un proceso de pacificación con las organizaciones delictivas y de adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas, esto es, de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, garantizando asimismo sus derechos y ofreciéndoles reducciones de penas e incluso amnistías condicionadas al perdón de personas y colectividades que hayan sido afectadas, y proponiéndoles un cambio de vida” (p.11).

Esta perspectiva no está mal en sí misma, es necesario reconocer la importancia de impulsar nuevos acercamientos después del fracaso sin paliativos de la estrategia de seguridad implementada en los últimos sexenios y, especialmente, ante la obligación moral de dar la cara a cientos de miles de víctimas que exigen verdad y justicia. El problema no son las intenciones, es la falta de definiciones y criterios, la vaguedad en la metodología de trabajo que se quiere seguir.

Hay preguntas elementales para las que no hay respuesta. ¿Cuáles serán los delitos y violaciones a los derechos humanos que serán objeto de un proceso de justicia transicional?, ¿qué objetivos generales y específicos tendrá?, ¿cuál será su temporalidad?, ¿se creará una comisión de la verdad o se optará por un esquema de comisiones diversificadas por región o para atender sucesos particulares?, ¿se garantizará independencia en sus funciones a la(s) comisión(es)?, ¿de qué forma se va a incorporar a la sociedad civil y a organismos internacionales?, ¿cómo se vinculará este proceso al sistema de justicia?

La pregunta más importante, sin embargo, es si un proceso de justicia transicional puede ser compatible con la creación de una Guardia Nacional en los términos planteados en la estrategia y la iniciativa de reforma constitucional presentada. Mi impresión es que el nuevo gobierno quiere cosas incompatibles y lo va a descubrir en el camino. Lo cual no es aceptable porque puede traducirse en nuevas formas de humillación y victimización para quienes han sufrido demasiado por el embate de la violencia. Con esto no podemos jugar.

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